COUR SUPREME DE JUSTICE COLOMBIENNE

08 août 2011

+1 Millon de Tutelas contra la Corte Suprema de Justicia.

http://www.1millontutelas.com/

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Somos un grupo de ciudadanos Colombianos – congregados espontáneamente a través de la red social Facebook – quienes cansados de los abusos de la Corte Suprema de Justicia y sus Altos Magistrados, nos hemos organizado en esta iniciativa por la defensa de nuestro país y de nuestra democracia, y por la recuperación de nuestra seguridad nacional.

Creemos que el Estado de Derecho en Colombia ha sido fracturado por las Altas Cortes de Justicia. El reciente fallo – y posterior ratificación – de la Corte Suprema de Justicia invalidando la información contenida en los computadores del terrorista de las FARC alias « Raúl Reyes », es solo una de varias muestras del favorecimiento que desde las altas esferas de la justicia Colombiana se le está haciendo a la organización narco-terrorista FARC a través de fallos judiciales.

Durante los últimos tres años hemos observado atónitos la manera sistemática como los cómplices de las FARC se han infiltrado en todos los sectores del país. Los amigos de las FARC ahora inundan Congreso, Alcaldías, Gobernaciones, firmas de abogados, medios de comunicación, columnas de opinión, juzgados, tribunales, el DAS, la Fiscalía General de la Nación, Organizaciones de Derechos Humanos, entre muchas otras entidades. Los procesos de la FARC-política han quedado detenidos – sino ignorados – por la Corte Suprema de Justicia.

El país está a la deriva. El Legislativo ha quedado paralizado y sometido enteramente a las Salas Penales de la Corte Suprema, mientras el Ejecutivo se dedica a cultivar buenas relaciones con los dictadorzuelos de Suramérica, completamente sumiso ante los Magistrados de las Altas Cortes. Y mientras esto ocurre, la Corte Suprema de Justicia legisla en nombre propio, favorece al narcoterrorismo con sus fallos judiciales, y aniquila a los miembros de nuestro Ejército y a todos aquellos que algún día nos defendieron de las FARC. Ya sea por acción o por la omisión de los Altos Magistrados, los ayudantes de las FARC han sido licenciados a operar a sus anchas dentro del Estado.

Estamos convencidos que la Corte Suprema de Justicia le hace daño al país. Estamos convencidos que nuestra seguridad ciudadana ha quedado en riesgo como consecuencia de las actuaciones de la Corte Suprema. Nuestra democracia ha sido herida de muerte, y ha llegado el momento en que el pueblo colombiano, los ciudadanos del común, nos despertemos de este letargo y tomemos acción.
¿Qué queremos?
Iniciar una acción de tutela contra la Corte Suprema de Justicia, interpuesta individualmente, y de manera masiva, por más de 1 millón de colombianos.
¿Con qué objetivos?
Hacerle saber a la Corte Suprema de Justicia que el Constituyente Primario, el Pueblo Colombiano representado en sus ciudadanos, la juzga culpable de violar la Constitución Nacional.
Manifestarnos ante la comunidad nacional e internacional denunciando a una Corte Suprema de Justicia que consideró más importante sus mezquinos intereses personales que la seguridad de todos los colombianos.
Unirnos en un movimiento de masas que siente una voz unánime, contundente e inequívoca de protesta frente a esta situación. Le estamos pidiendo a toda la ciudadanía que se una en masa a este golpe de opinión, ejerciendo el derecho a la Acción de Tutela, consagrado en nuestra Constitución Nacional.

¿En que se basa jurídicamente esta iniciativa?
En una respuesta obtenida por parte de la Defensoría del Pueblo, luego de una consulta elevada ante ellos por un ciudadanos miembro de nuestro grupo. El texto de la Defensoría del Pueblo reza así:
« En virtud del Artículo 86 de nuestra Constitución Política, toda persona tendrá acción de tutela para reclamar antes los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados o la omisión de cualquier autoridad pública. Procede de igual forma contra particulares de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto quien el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. Por consiguiente, de acuerdo al Decreto 2591 de 1991, la característica de la acción de tutela es: Inmediata, Sencilla, no está sometida a formalidades ni ritualidades ni fórmulas exactas. »
¿En qué estado se encuentra la propuesta?
Nos encontramos trabajando con un selecto grupo de abogados constitucionalistas de gran trayectoria, redactando el texto que será presentado a todo el país. La propuesta de tutela, los derechos que serán invocados, la justificación, y las peticiones, son temas que no podemos hacer públicos por el momento, hasta tanto el texto definitivo haya sido redactado en su totalidad y puesto a disposición de toda la ciudadanía.

A finales del mes de Agosto, una vez contemos con el texto definitivo producido por nuestro equipo de abogados, publicaremos el archivo PDF en este portal web, para que sea descargado por todos los colombianos. Podrán acceder a través de cualquiera de estas direcciones web.

www.tutelacsj.com
www.1millontutelas.com

¿Cómo puedo involucrarme y ayudar?
El 7 de Agosto de 2011, aniversario conmemorativo de la Batalla de Boyacá, lanzamos la campaña « 1 Millón de Tutelas contra la Corte Suprema » a través de las redes sociales Facebook y Twitter. Todos los que deseen apoyar esta propuesta, acompáñenos en nuestros espacios oficiales Twitter y Facebook, donde los mantendremos al tanto de los avances.

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02 août 2011

Ce n’est pas à moi à dicter aux Colombiens ce qu’ils ont à faire, mais je vois mal comment leurs réseaux sociaux via facebook, à l’origine de la mobilisation populaire massive contre le terrorisme des FARC en février 2008, peuvent s’abstenir d’une nouvelle initiative, cette fois contre le maintien de la cour suprême de justice (CSJ), avec un référendum à la clef.

Les huit années du combat sans trêve mené par l’ex-président Alvaro Uribe (2002-2008) contre les tueurs des FARC viennent de s’effondrer comme un château de cartes avec la confirmation par cette CSJ de rejeter l’utilisation des ordinateurs de Raul Reyes, l’ancien n°2 des terroriste abattu le 1er mars 2008, malgré la validation de leurs contenus par Interpol, pour inculper les complices des rebelles.

L’appel du procureur général de Colombie Alejandro Ordonez contre la décision antérieure de la CSJ de refuser la prise en compte des données contenues dans ces ordinateurs, clefs USB et disques durs, a été rejeté hier par cette cour.

Une telle décision va permettre à tous les complices des FARC en Colombie, au plus haut niveau, non seulement d’échapper à la justice, mais aussi de porter plainte contre l’Etat colombien, et d’exiger d’exorbitantes réparations financières.

C’est le cas de l’ex-député Wilson Borja, un relais des FARC. Poursuivi pour sa complicité active avec la guérilla à partir des données trouvées dans les dossiers de Raul Reyes, son procès a été brutalement classé sans suite par la CSJ. Cette entité corrompue jusqu’à la moëlle (cf. mes archives) a justifié son archivage par « l’absence du protocole nécessaire, comme la présence d’agents colombiens et équatoriens de la police judiciaire dans le campement de Raul Reyes » quand l’attaque de l’armée colombienne a eu lieu contre le chef terroriste.

A-t-on vu la cour suprême des USA remettre en cause l’attaque mortelle contre le terroriste Ben Laden menée par les forces spéciales américaines, et suivie de la saisie de vidéos , sans la présence d’un officier de police judiciaire ou d’un procureur ?

Dans le cas colombien, comment l’opération Phénix contre Raul Reyes eût-elle pu se concrétiser si Bogota avait invité des policiers judiciaires équatoriens à monter à bord des hélicoptères colombiens, puisque tout démontre que le pouvoir de Quito était alors complice du maintien des FARC sur leur territoire ? Le campement de Raul Reyes se trouvait à mois de deux km à l’intérieur de l’Equateur, près de la frontière colombienne. J’en suis témoin, pour y avoir été en 2004.

Si le peuple colombien ne réagit pas avec une telle exigence pour un référendum pour la suppression de la cour suprême, non seulement Wilson Borja, mais demain l’activiste des FARC Piedad Cordoba, évincée de son siège au Sénat à partir des preuves contenues dans les ordinateurs de Raul Reyes, et tous les autres complices des massacreurs vont recouvrer leurs postes et gagner, à la place de la cellule qu’ils méritent dans une prison, des milliards de pesos ( soit des millions de dollars) aux dépens des victimes du terrorisme.

Mille mercis à l’ami Nicolas, qui vient de traduire ici le papier d’Edouard Mackenzie. J’ai mis des guillements à Cour suprême, une entité de corrompus au services des FARC et des narcos, comme déjà prouvé sur mon site.
Pauvre Colombie…

25 mai 2011

Les neuf magistrats de la Cour Suprême de Justice qui ont déclaré illégale la documentation confisquée dans le campement équatorien de « Raul Reyes » prétendent détruire la preuve la plus implacable détenue par l’Etat colombien sur l’amplitude et la dangerosité de l’activité des Farc. Avec leur jugement inhibitoire, ils prétendent défaire les actuelles investigations, et les futures, à propos de la guerre subversive (militaire et politique) que mènent les Farc contre l’Etat et contre la société colombienne. Ils prétendent effacer les menées illégales des Présidents Chavez et Correa en faveur de cette organisation narco-terroriste, révélées par feu « Reyes » au travers de ses archives électroniques.
Ils cherchent à créer un fondement artificiel pour réhabiliter des personnes controversées telles que Wilson Borja, Piedad Cordoba et des délinquants des Farc. La suspension, au Chili, du procès contre le communiste Manuel Olate, réclamé par Bogota pour ses liens avec les Farc, n’est que le premier effet indirect de cet absurde jugement.
Ces magistrats veulent retirer du domaine judiciaire toute preuve de l’avancée des opérations des Farc, de la perversité de ses actions et, surtout, de son infiltration dans la société colombienne. Les victimes des Farc, ceux qui sont et qui furent séquestrés par eux, et les familles de ceux qui moururent ou furent blessés, mutilés ou extorqués par les Farc n’oublieront jamais ce que viennent de faire ces neuf magistrats.
En mettant en cause l’opération Phénix, un acte de légitime défense de la Colombie, qui s’est inscrit dans la législation internationale en vigueur, les neuf ont franchi une ligne qu’aucun Colombien, si ce n’est les membres des Farc, n’aurait osé franchir.
Le président de la Cour suprême dit que la sentence ne met pas en cause l’incursion militaire à Sucumbios, mais qu’en revanche les preuves qui y ont été recueillies sont illégales. Lui et les autres signataires de la sentence ne savent pas aujourd’hui comment sortir de cette contradiction. Le prétexte de que la Colombie, en récupérant ces preuves, aurait violé un prétendu traité de coopération judiciaire entre la Colombie et l’Equateur est faible. Ce « Traité » ne fut jamais respecté par Quito, surtout quand les intérêts des Farc étaient en cause.
Les neuf se sont comportés, ainsi, comme des avocaillons de deux régimes détestables ennemis de la Colombie, ceux de Chavez et de Correa, et comme des instigateurs de fait des futurs litiges internationaux contre la Colombie, dont l’aboutissement est impossible à prédire. La responsabilité de ce qui se passera dans ce domaine incombera aux neuf.
Les visées anti-colombiennes de cet absurde jugement inhibitoire sont énormes. Chavez et Correa rêvaient d’asséner un coup brutal à notre pays mais cela avait été impossible jusqu’à présent. La situation a changé. La Colombie est aujourd’hui prête pour n’importe quelle aventure. La stratégie du cheval de Troie donne des résultats spectaculaires.
En raison d’une combinaison très spéciale, qu’un jour le pays découvrira, ces gens et les Farc ont obtenu un formidable cadeau judiciaire. Et pire : ils ont gagné ceci au moment même où ils aboutissaient à obtenir la neutralité du gouvernement de Juan Manuel Santos. Celui-ci, qui dit « souffler dans la nuque » d’Alfonso Cano, a reçu la nouvelle de l’explosive sentence inhibitoire sans la moindre gêne. Le nouveau coup de la Cour Suprême contre la sécurité et la stabilité nationales ne trouble pas son sommeil ni celui d’aucun membre du gouvernement actuel. Ce qui montre une certaine myopie dès lors que les soubresauts de cette décision pourraient arriver jusqu’au président Santos lequel a fait partie, comme ministre de la Défense de l’époque, de la chaîne de commandement de l’action menée en Equateur.
Cet épisode laisse une autre impression désagréable : celle que les neuf ont agi avec des critères politiques inspirés par les intérêts de pays tiers, au sein desquels la justice a été transformée en instrument de persécution politique et de lutte révolutionnaire.
Le groupe que dirige la Cour suprême est le même qui a violé la constitution colombienne en retirant de fait au président Alvaro Uribe le pouvoir de nommer le procureur (Fiscal) général. Face à l’impuissance des pouvoirs publics à bloquer cette grave dérive, la clique poursuit son labeur : démonter, pièce par pièce, notre système politique dans la mesure où il est, paraît-il, un obstacle à la réalisation de la justice « sociale ».
Avec le triste épisode de cette sentence inhibitoire, le pays constate, une fois de plus, qu’un organe judiciaire s’est substitué à la Justice, et que cet organe, qui n’a été élu par personne, a des prétentions qui vont bien au-delà de ce qu’un Colombien peut tolérer : être un gouvernement tapi dans l’ombre, qui œuvre par-delà le gouvernement visible et qui, sournoisement, emmène le pays à la dépendance de tyrannies étrangères.
Ces efforts rusés, si la majorité des Colombiens ne les anéantissent pas, au travers d’une mobilisation massive et permanente en vue de rejeter de tels agissements, se termineront en quelque chose d’aussi terrible qu’une dictature castriste sur notre sol ou une guerre civile, dès lors que la Colombie ne se laisserait pas emmener vers une telle catastrophe sans réagir ni sans organiser sa résistance, par tous les moyens possibles.

Voici mon récent papier traduit par Eduardo Mackenzie (merci à lui!)  

6 de octubre de 2010  

  

  

Espero no equivocarme, pero la acumulación de pruebas sobre la gangrena del Estado por el narco-terrorismo al más alto nivel de la justicia y del poder legislativo me hace temer una explosión de violencia sinónimo de revolución, de izquierda o de derecha,  según sus resultados funestos.  

  

Frente a los crímenes de lesa humanidad probados y cometidos por las FARC, un grupo terrorista para Europa, las autoridades democráticas de Colombia han perdido la partida a pesar de los triunfos del ejército contra los asesinos de la guerrilla. 

  

Éstos son los ingredientes de una eventual revolución: 

  

1 – Las escuchas telefónicas: hechas por los servicios secretos del DAS para espiar a los cómplices comprobados de las FARC en la justicia y en el Congreso, no se utilizan para perseguir a los aliados del terrorismo, cuya complicidad ha sido probada por esas escuchas, sino para encarcelar a los agentes del DAS que hicieron las grabaciones, y para excluir de  toda función oficial a un ex asesor presidencial de Álvaro Uribe, Bernardo Moreno. En Francia, país que no tiene un contexto terrorista como Colombia, las escuchas ilegales no desataron proceso alguno contra quien las había ordenado, el ex presidente François Mitterrand. Los amigos de las FARC quieren llevar ahora a Álvaro Uribe  ante la sala de acusación del Congreso. 

  

2 – Los cómplices de los terroristas en el Congreso, como la senadora Piedad Córdoba, no han sido acusados. Esa vocera  de las FARC ha sido destituida de su cargo, pero no se ha tomado contra ella ningún tipo de medida judicial o de detención y ni siquiera sus computadores han sido incautados. 

  

3 – Los ex terrorista del M-19 amnistiados están libres y ocupan posiciones de alto nivel en el Estado, mientras que el  héroe colombiano, el Coronel Alfonso Plazas Vega, está pagando 30 años de prisión por haber salvado la vida de  cientos de jueces cuando rescató por las armas el palacio de justicia de Bogotá, incendiado por el M-19 luego de matar a 100 de sus rehenes y de quemar los expedientes de los traficantes de drogas tras haber recibido 6 millones de dólares de Pablo Escobar. 

  

4 – No  ha servido de nada al ejército colombiano haber eliminado en 2008 a Raúl Reyes, número dos de las FARC, ni haber liberado el mismo año a Ingrid Betancourt, a los tres estadounidenses y a 11 oficiales rehenes de los rebeldes desde hacía 12 años, ni haber abatido el mes pasado al carnicero de las FARC, Mono Jojoy.  La gangrena narco-terrorista sigue socavando las bases de la democracia  colombiana. 

 

06 octobre 2010 

Je ne le souhaite pas, et j’espère me tromper, mais l’accumulation des preuves sur la gangrène de l’Etat par le narco-terrorisme au plus haut niveau de la justice et des élus me fait redouter une explosion de violence synonyme de révolution, de droite ou de gauche selon ses résultats funestes. 

Face aux crimes contre l’humanité prouvés et commis par les FARC, groupe terroriste pour l’Europe, les autorités démocratiques de Colombie ont déjà perdu sur tapis vert malgré les triomphes de l’armée sur les tueurs de la guérilla. 

Voici les ingrédients d’une telle révolution éventuelle : 

1-  Les écoutes téléphoniques : réalisées par les services secrets du DAS pour espionner les complices avérés des FARC au sein de la justice et du Congrès, elles sont utilisées non pas pour poursuivre les alliés du terrorisme, à la complicité prouvée par ces écoutes, mais pour mettre en prison les agents du DAS auteurs des enregistrements, et pour interdire de toute fonction officielle à un ex-conseiller présidentiel d’Alvaro Uribe,  Bernardo Moreno. En France, les écoutes illégales, dans un pays sans contexte terroriste comme la Colombie, n’ont pas valu la moindre poursuite contre son responsable, l’ex-président Mitterrand. Les amis des FARC veulent maintenant traduire Alvaro Uribe devant la chambre d’accusation du Congrès. 

2-  Les complices des terroristes au Congrès, comme la sénatrice Piedad Cordoba, n’ont toujours pas été mis en accusation. Cette agente des FARC vient d’être destituée de ses fonctions, mais sans aucune poursuite judiciaire ni garde à vue, ni perquisition dans ses ordinateurs. 

3-  Les ex-terroristes du M-19 amnistiés sont libres, occupent des fonctions au plus haut niveau de l’Etat, quand le héros de Colombie, le colonel Alfonso Plazas Vega, purge 30 ans de prison pour avoir sauvé des centaines de juges quand il a repris par les armes le palais de justice de Bogota incendié par le M-19 qui avait tué 100 de ses otages et brûlé les archives des narcos après avoir reçu 6 millions de dollars de Pablo Escobar. 

4-  Rien n’a servi à l’armée colombienne d’avoir éliminé en 2008 Raul Reyes, n°2 des FARC, libéré la même année Ingrid Betancur, les 3 Américains, et 11 officiers otages des rebelles depuis 12 ans, puis abattu le boucher des FARC, Mono Jojoy, le mois dernier. La gangrène narco-terroriste continue de miner le socle démocratique colombien. 

08 septembre 2010 Le « Mur de Berlin » de la justice colombienne, aux mains des guérillas terroristes et des narcos, est-il en train de tomber comme l’annonce un journaliste indépendant, Ricardo Puentes, dans un article traduit par notre ami Yves ? 

Après le limogeage hier de la juge Angela Maria Buitrago par le procureur général, on peut y croire. Cette magistrate indigne est responsable de l’accusation, avec de faux témoignages y compris de terroristes, suivie de la condamnation à 30 ans de prison prononcée par sa collègue Maria Estela Jara, contre le colonel Alfonso Plazas Vega. Ce héros colombien avait repris le Palais de Justice de Bogota pris d’assaut par les terroristes du M-19 en novembre 1985, avec un bilan de près de cent juges tués par les rebelles et l’incendie par eux du Palais pour détruire les dossiers des trafiquants de cocaïne contre six millions de dollars payés par la mafia au M-19. Le colonel a été accusé par de faux témoins dans la disparition jamais éclaircie de onze employés de la cafétéria du Palais de Justice.


Carlos Garcia Orjuela, comme Ingrid Betancourt, était sénateur colombien. Comme elle, il a fait des études en France, où il s'est spécialisé en neurochirurgie. Il y a aussi rencontré son épouse et acquis la nationalité française par mariage, comme l'ex-candidate à la présidentielle de 2002.
Le 25 juillet 2008, moins d'un mois après la libération d'Ingrid Betancourt, il a été arrêté par la police, alors qu'il se trouvait en vacances à Santa Marta (nord).
A l'époque, il était président du Congrès colombien et dirigeant du parti de la U, qui a porté Alvaro Uribe au pouvoir en 2002.
La Cour suprême l'avait placé en détention provisoire, l'accusant, au même titre qu'une soixantaine d'élus de la majorité, de liens avec les milices paramilitaires, le scandale dit de la “parapolitique”, alors que les complices des FARC terroristes, dont la sénatrice Piedad Cordoba, n'ont jamais été poursuivis malgré les preuves, cette fois avérées, qui les dénoncent. 
Le procureur délégué auprès de la Cour Suprême de justice, Jésus Villavona, vient de  déclarer « innocent » Carlos Garcia Orjuela aujourd'hui. Il a demandé sa libération, pour absence de preuves, erreurs de dates et contradictions dans les témoignages d’ex-paramilitaires. 

L'épouse française de Carlos Garcia, Martine Jacquier, qu’il a rencontrée au début des années 1980 à Lyon et avec qui il a eu trois enfants, a toujours été persuadée de son innocence et n'a eu de cesse, depuis 2008, de frapper à toutes les portes pour faire libérer son mari injustement détenu.
Après une dizaine de rendez-vous avec l'ambassadeur de France Jean-Michel Marlaud, qui a rendu plusieurs fois visite au sénateur, elle a adressé une lettre au président Nicolas Sarkozy, où elle dénonce de multiples violations des droits de la défense.
Selon l'acte d'accusation, Carlos Garcia était poursuivi pour “association de malfaiteurs agravée” et risquait jusqu'à douze ans de prison, en vertu de trois témoignages de paramilitaires repentis affirmant qu'il aurait eu deux réunions avec des chefs paramilitaires.
Pour la cour alors aux mains des narcos et de la guérilla, ces témoignages avaient suffi à l'incriminer. “Ce n'est qu'un montage”, avait affirmé à l'AFP M. Orjuela depuis sa prison. Alain Marty, parlementaire français (UMP) chargé du groupe d'amitié France-Colombie, avait alors déclaré à l'AFP que la “présidence française” lui avait fait part de son “inquiétude quand au respect des droits de la défense de ce Franco-Colombien”.
“Je crains que, sur fonds de violation des droits de la défense, M. Orjuela ne soit victime de la guerre déclarée en Colombie entre exécutif et judiciaire”, estimait Me Philippe Valent, avocat français de l'élu, en évoquant le conflit entre la Cour suprême et l’ex-gouvernement d'Alvaro Uribe, qui accusait cette juridiction de faire le jeu de l'opposition en poursuivant ses alliés.

Après l'appel du procureur à libérer Carlos Garcia Orjuela, on attend de Bernard Kouchner, français ministre des Affaires étrangères, du Quai d'Orsay et de Nicolas Sarlozy qu'ils emploient le même acharnement que pour Ingrid Betancourt à exiger la libération immédiate de cet homme injustement détenu depuis deux ans.


 

05 AOUT 2010 

Avec une cote de popularité de 80%, le président colombien laisse sa place samedi 7 août à son ex-ministre de la Défense, Juan Manuel Santos, après huit années à la tête du pays andin, sur un bilan autant héroïque qu’élogieux dans une nation minée par le terrorisme. 

Alvaro Uribe laissera une trace indélébile dans la mémoire des 45 millions de Colombiens, pour avoir réduit à la portion congrue les terroristes des FARC, de l’ELN et les paramilitaires, alors qu’il aura fait face sans relâche aux sourdes complicités de la justice avec les terroristes. 

Cette lutte acharnée et quotidienne sur tous les tableaux explique sans doute son principal échec, sans l’excuser car ses conseillers auraient dû y remédier : une communication désuète, voire absente à l’international, doublée d’une diplomatie à l’encan. 

Aujourd’hui, les Colombiens peuvent se promener en voiture dans tout le pays sans risquer de se faire enlever au premier carrefour par la guérilla, ou de périr dans un attentat aveugle à la voiture piégée. J'en ai été un témoin privilégié sur place.

Ce n’était pas le cas en 2002, année de sa prise de fonction, avec à l’époque 3.200 séquestrations par an, la plupart par les FARC et l’ELN (contre moins de 200 en 2010), et 45.000 morts violentes (contre moins de 15.000 en 2009). 

Grâce à sa politique dite de « sécurité démocratique », Uribe a réussi à laminer les FARC, passées de 18.000 à moins de 6.000 hommes, et l’ELN, désormais inexistante après avoir compté 5.000 hommes et s’être distinguée avec l’enlèvement de 250 fidèles dans une église de Cali en 1999. 30.000 paramilitaires ont rendu les armes depuis 2003, et tous leurs chefs, 16 au total, ont déjà été extradés aux USA pour y être jugés. Les assassinats de syndicalistes ont été dans le même temps réduits à leur plus simple expression.

La lutte contre les FARC, auteurs d’assassinats collectifs de civils, au style irakien d’aujourd’hui, comme les 36 morts au club El Nogal de Bogota en 2003, a porté ses fruits. Le N°2 Raul Reyes a été abattu, le n°3 exécuté par son garde du corps, et les ordinateurs saisis dans le camp du premier – validés par Interpol – ont révélé 37.000 fichiers dévastateurs pour leurs complices à l’intérieur et à l’étranger, notamment au Venezuela avec Hugo Chavez. 

Ce combat a eu en point d’orgue la libération de 15 otages illustres le 2 juillet 2008 par un commando des services secrets colombiens dans l’opération Jaque. Ingrid Betancourt, trois Américains de la lutte anti-drogue et onze officiers de l’armée colombienne avaient alors recouvré la liberté. Quatre autres officiers, dont le général Mendieta, avaient eux aussi été sauvés dans une attaque de l’armée cette année. La plupart étaient otages depuis 12 ans ! 

De tels succès ont eu lieu en dépit de la présence en Colombie d’une Cinquième colonne active : celle des magistrats de la Cour suprême de justice. Complices des narcos et des FARC, ces juges n’ont cessé de poursuivre des élus pour de présumés contacts avec les paramilitaires, sans jamais faire de même avec les sénateurs et députés devenus les relais des FARC, comme Piedad Cordoba. 

Depuis 14 mois, la Cour suprême, dont les membres corrompus ont bénéficié de l’opération « promenade » en 2006, avec un voyage d’agrément avec leurs épouses payé par un complice des narcos à Neiva (au sud, dans le Huila), n’a toujours pas désigné l’avocat général sur la liste de trois candidats proposée, selon la Constitution, par Alvaro Uribe ! Ces magistrats ont ainsi tenté d’échapper aux poursuites que le ministère public ne manquerait pas d’engager contre eux. L’opération « promenade » visait à honorer un certain Yesid Ramirez, alors président de la Cour, avec remise de cadeaux millionnaires par le narco. C’est ce même Yesid Ramirez qui vient de poursuivre, hors du cadre de sa juridiction, un fils d’Alvaro Uribe, Tomas, pour une présumée nomination amicale de notaires. Les écoutes ont permis de révéler que ce magistrat avait traité d’assassin le président, qui vient de porter plainte contre lui hier. 

Le régime d’Alvaro Uribe s’achève avec une nouvelle preuve des obstacles internes à une totale éradication du terrorisme, mis par la justice dans les roues de l'Exécutif, avec le soutien d’une presse aveuglée par sa tolérance face au terrorisme. 

Plusieurs agents des services secrets (DAS) et de l’UIAF (Unité des analyses financières), organe du ministère des Finances équivalent de notre Tracfin en France, sont poursuivis en ce moment pour avoir espionné les magistrats et épluché leurs comptes. La presse de gauche en Colombie dénonce un nouveau Watergate. J’en suis horrifié !

Mais c’est le devoir de ces agences de l’Etat que de traquer le blanchiment d’argent et le terrorisme ! Aucun de ces organismes n’est remis en question en France, alors même que nous n’avons pas l’équivalent des FARC sur notre sol ! Au contraire, c’est grâce à leurs écoutes téléphoniques et leurs filatures que les scandales financiers ont fini par être dénoncés à Paris… 

10 JUIN 2010 Il convient de prendre date aujourd’hui face aux coups d’Etat répétés de la justice en Colombie contre son régime démocratique, comme le démontre l’alliance entre les magistrats, les terroristes et les narcos. Voici la liste actualisée de ces exactions commises par les juges gangrenés :

 -        Ce jeudi, pour la 11ème fois en près de deux ans, la Cour suprême de justice n'a toujours pas élu l'avocat  général de la Nation à partir de la liste de trois candidats fournie par le président Alvaro Uribe conformément à la Constitution. Il s’agit d’une entrave manifeste à la Loi fondamentale, mais ni le Conseil d’Etat ni le pouvoir ni les médias n’ont relevé la gravité de ce coup d’Etat permanent. 

-        L’ex-colonel Alfonso Plazas a été condamné hier à 30 ans de prison sans aucune preuve pour la présumée disparition de 11 employés  du palais de justice de Bogota lors de la reprise par ses hommes en 1985 de ces locaux envahis par les terroristes du M-19 qui avaient alors tué près de 100 juges pris comme otages. 

-        Les criminels du M-19, responsables de ce massacre, ont été amnistiés ! Leurs leaders, eux, vivent libres, et même aux frais des contribuables colombiens, comme le sénateur de gauche Gustavo Petro, éliminé la semaine dernière au premier tour de la présidentielle, ou encore Antonio Navarro Wolff, devenu gouverneur du département du Narino (sud-ouest). 

-        Aucune action judiciaire n’a encore été entamée par la Cour contre la terroriste Piedad Cordoba, agent des FARC comme le prouvent les archives de l’ex-n°2 de cette guérilla. 

-        Ce blog a démontré urbi et orbi les liens entre la Cour suprême de justice, les FARC et les narcos. Qu’attend le procureur général ou le Congrès pour les traduire devant les tribunaux ? 

8 juin 2010 

 

Certains acteurs de la justice colombienne agissent souvent avec la précision d'une montre suisse. Le 2 juin, deux jours après le premier tour de l'élection présidentielle, une juge, Mary Luz Fonseca Avila, était prête à faire comparaitre dans son bureau, au milieu d’un grand battage médiatique, le général Freddy Padilla de Léon, Commandant des Forces Militaires, pour qu’il rende, comme n’importe quel accusé de droit commun, une « version libre » dans le cadre d'une «enquête préliminaire» qu'elle avait ouverte contre lui pour «conspiration» dans l’affaire des « faux positifs » de Soacha (1). 

 

Si cet outrage avait abouti, la Fiscalía aurait jeté le pays dans une période de violente agitation et d'alarme, à quelques jours seulement du second tour de l'élection présidentielle. 

 

Une semaine plus tard, cet épisode semble clos. Cependant, le doute nous assaille. Le but de la comparution était, peut-être, la déstabilisation de l’élection du 20 Juin, celle qui donnera très probablement la victoire définitive à l'ancien ministre de la Défense, Juan Manuel Santos. Mais qui peut assurer qu’avant cette date, il y n’aura pas d'autres soubresauts? 

 

Le général Padilla de León est un héros de la Colombie. Il est un officier  respecté et admiré par ses concitoyens. Ses états de services rendus à la République sont impeccables. Sous son commandement, et sous la direction du président Alvaro Uribe, les forces militaires et de police ont assené les coups les plus dévastateurs que les FARC ont connu depuis leur apparition dans les années 1960. 

 

La comparution du général Padilla était illégale car, comme on le verra, il n'y avait pas de motif pour la faire. Les intrigants  cherchaient à créer un  coup médiatique explosif en montrant le Général comme une sorte de  coupable. Ils voulaient faire de même avec un autre ancien ministre de la Défense, Camilo Ospina. Cette opération n'était que le préambule, vraisemblablement, d’une autre non moins provocante et absurde: la comparution du candidat Juan Manuel Santos et du président Uribe, des responsables politiques qui sont également la cible des viles accusations de Gustavo Petro, candidat présidentiel d’opposition qui a été à plusieurs reprises rejeté par les électeurs. 

 

Heureusement, le président Uribe, le général Padilla et une partie de l'opinion publique ont réagi avec détermination et ont réussi à déjouer la conjuration. Néanmoins l’impact psychologique de la fausse nouvelle et la menace d’une nouvelle comparution abusive pourrait se répéter. 

 

Voyons pour quelle raison. Informé par un journaliste qu’une rumeur sur cette injonction à comparaître circulait sur Internet, le général Padilla a alerté le chef d'État colombien. Padilla a également téléphoné au Fiscal général par intérim, Guillermo Mendoza Diago, pour lui demander une réunion urgente. Par téléphone, celui-ci a dit au général qu'il n'y avait pas d'enquête contre lui. Il a accepté de le recevoir. 

L'entrevue a duré 90 minutes au cours de laquelle le Fiscal général a de nouveau nié qu'il y avait une enquête contre le général. Padilla a rétorqué que, pourtant, il y avait en circulation un texte de la Fiscalía adressé à un prétendu «demandeur», M. Felipe Zuleta, un politicien antiuribista qui n’avait pas été élu  aux législatives de mars 2010. Mendoza Diago a admis que ce document existait mais qu’il s’agissait d’une « erreur ». Selon le Fiscal, un subordonné avait donné des renseignements «contraires» aux « instructions écrites au dossier » de demander au général une déclaration par écrit sur ce qu'il savait sur les faits survenus à Soacha. La thèse du Fiscal est que la déclaration écrite est une « déclaration potentielle ni compromettante ni aggravante dans cette enquête ». Il termina en disant que lui même s’engagerait à enquêter sur l'affaire et que, si possible, il serait «le premier à aller au devant des médias pour clarifier la situation ».   

Mais il n’en a rien fait. Quelques heures plus tard, les médias étaient toujours en possession de la fausse nouvelle. Mendoza n’avait apporté aucun démenti. Plusieurs journalistes ont bien tenté de vérifier l’information, mais il n’a pas daigné leur répondre au téléphone. 

 

Très déçu par cette attitude, le président Uribe, le matin du 2 juin 2010, lors d'une cérémonie de promotions de lieutenants de la Police colombienne, a dénoncé la manœuvre  contre le général Padilla et a rappelé d'autres épisodes où la Fiscalía avait lancé des accusations injustifiées contre les militaires et la police. Il a dénoncé « les avocaillons et les idiots utiles et inutiles du terrorisme» qui cherchent à abattre les forces armées. Acculé, le Fiscal général a dû admettre, en fin de journée, qu'il y avait eu une «erreur» de la part de l'auteur du document officiel, admettant qu’il « est pratiquement un acte d'accusation quand en réalité il n’y a rien de tel». Mendoza a expliqué que la Fiscalía voulait seulement faire une «vérification des faits » par rapport à trois plaintes déposées en mars 2009 et en janvier 2010 « contre le président [Uribe], contre un certain nombre d'anciens ministres et contre des commandants militaires, sur leur responsabilité présumée dans l’affaire de Soacha ». 

 

Peu l’ont cru. Comment est-il possible que la juge ait agi sans l'approbation du Fiscal général? Pourquoi la Fiscalía a révélé à Felipe Zuleta certaines choses qui relèvent du secret de l’enquête? Pourquoi la prétendue «vérification des faits » devait être faite précisément, comme par hasard, entre le premier et le deuxième tour de l'élection présidentielle, alors qu’elle n'avait pas été faite en 2009? 

 

La chose la plus étrange est que Mendoza Diago, malgré ses explications, va semer l'incertitude de nouveau quelques heures plus tard. En répondant à l’agence de presse Colprensa qui demande si «oui ou non y-a-t-il une enquête préliminaire » contre le général Padilla, le Fiscal a répondu: « On ne peut pas répondre noir sur blanc ». Il a rappelé que la Fiscalía avait reçu en 2009 et en 2010 plusieurs « plaintes » contre le Président de la République, ainsi que contre deux anciens ministres de la Défense, contre des commandants des forces militaires et de l'armée, et contre «un grand nombre de généraux, de colonels et d’autres officiers », et que dans ces allégations « il y avait des faits exacts et des accusations précises» et que, par conséquent, « il fallait effectuer une action ». Laquelle? Mendoza ne l’a pas  dit mais il a précisé que «les plaintes nous les déclarons irrecevables seulement quand elles sont anonymes et sans fondement ». En d'autres termes, Mendoza est d’avis que la plainte de Felipe Zuleta est valable. Pourquoi? Est-ce à cause de la Directive 29, de novembre 2005? Or, tout le monde sait que ce document n’invite personne à commettre des crimes. Au vu de cela, le journal El Pais, de Cali, va publier l'interview de Mendoza le 6 juin, sous ce titre: «Quatre plaintes ont été lancées contre de très hauts fonctionnaires à cause des faux positifs». Conclusion: la confusion continue de régner et le harcèlement moral persiste, contre le gouvernement, contre le général Padilla et contre les autres fonctionnaires. 

 

Ouvrir des enquêtes basées sur des allégations gratuites ou abusives, ou sur de faux témoignages de criminels,  nier que ces enquêtes existent (lorsque les personnes affectées découvrent la chose), recueillir des témoignages de façon illégale, répandre des fausses nouvelles, en créant des moments d'agitation sociale à l'intérieur et à l'extérieur du pays, calmer le jeu pour l’attiser ensuite, ne pas acquitter ou condamner les accusés dans les délais normaux, telle est la méthode que certains organismes de la  justice colombienne sont en train d’appliquer, systématiquement, dans les cas où sont impliqués des responsables politiques et des militaires. 

 

N'était-ce pas cette méthode que Julio César Valencia Copete, magistrat à la Cour suprême de justice, a employée lorsque le président Alvaro Uribe a découvert en septembre 2007 que quelqu'un était en train de monter une accusation très grave contre lui, sur la base d’un faux témoignage émanant d'un détenu, Jose Orlando Moncada, alias Tasmania? Selon Tasmania, le magistrat assistant Iván Velasquez lui avait offert des avantages, pour lui et pour sa famille, s’il impliquait le Président Uribe dans un sordide attentat contre alias René, un paramilitaire. L'enquête que le président Uribe avait demandée à plusieurs reprises sur cette accusation n'a jamais été réalisée et l'affaire est restée dans les limbes. 

 

N'était-ce pas ce même Ivan Velasquez qui a tenté de recueillir, à Washington, dans le dos du ministère public colombien, le témoignage douteux de chefs paramilitaires furieux d’être extradés aux Etats-Unis? 

 

L'arrestation et le calvaire du colonel Luis Alfonso Plazas Vega, le héros de la reprise du Palais de Justice, attaqué par des terroristes en novembre 1985, n’ont-ils pas commencé ainsi, avec une banale « enquête préliminaire » à laquelle la fiscale ajoutera plus tard de fausses preuves? N'est-il pas indéniable que la fiscale Angela Maria Buitrago cherche à condamner à tout prix le colonel Plazas, en utilisant trois faux témoignages de criminels et en se moquant éperdument des preuves juridiques avancées par les avocats de la défense, dans l'un des procès les plus scandaleux de l'histoire de la Colombie? 

 

N’est-ce pas la même chose qui se passe dans le procès contre le général Arias Cabrales et contre le colonel Hernán Mejía Gutiérrez? Est-ce que ce ne sont pas des accusations sans fondement celles qui sont derrière l'arrestation de Mario Aranguren, fonctionnaire irréprochable et ancien directeur de l’UIAF, l’organisme qui a découvert des détestables liens entre certains magistrats et une poignée de mafieux? 

 

Comme l’a bien dit l'ancien ministre Fernando Londoño Hoyos dans son éditorial pour L’Heure de la Vérité, le 4 juin: « Dans la Fiscalía  il y a des choses très graves qui sont en train de se passer car cet organisme se comporte comme un chien enragé qui mord ceux qu’il identifie comme des militaires ou comme des hommes du gouvernement du président Uribe ». 

 

Cette situation anormale de la justice ne peut pas continuer. Le nouveau gouvernement qui prendra la relève le 7 août 2010 devra résoudre ce problème. Il est essentiel de mettre fin aux agissements d’une clique qui travaille contre les intérêts de la justice et du pays en général. Il est urgent de nommer un nouveau Fiscal général qui soit capable d’enlever les échafaudages invisibles et illégaux. Le ministère de la Justice doit être reconstitué. La justice pénale militaire doit être rétablie. Cette manie de la Fiscalía de retarder ou d’empêcher l’arrivée de la chose jugé dans les procès, sous prétexte que tout y est «potentiel», provisoire ou incomplet; cette manie de prolonger l'angoisse de l'accusé et des détenus pour affecter leur système nerveux et pour entraver leurs efforts pour se défendre, comme c’est le cas du colonel Plazas, doit cesser. Car ce n'est pas ce que prévoit le code pénal colombien. L’utilisation à mauvais escient du Droit, la piraterie juridique, inventée par certains juges espagnols, italiens et français soucieux de faire une carrière politique, ne font pas bon ménage avec la démocratie. Ils sont l'ennemi de celle-ci et révèlent par anticipation ce que ferait un régime communiste. Qu’une telle justice s'applique aujourd'hui au Venezuela, en Equateur et au Nicaragua est une chose. Mais en Colombie, où le chavisme n'a pas à imposer sa loi, on doit rompre avec ces très mauvais exemples. 

 

 

(1)  Il s'agit de la mort de onze civils. Selon l'armée ils étaient des guérilleros tués au combat. Leurs familles disent qu'ils ont été «assassinés». Le gouvernement a destitué 27 militaires, dont trois généraux, en octobre 2008, pour une supposée responsabilité ou omission des contrôles en la matière. La justice a ouvert une enquête contre 54 militaires. Le 8 janvier 2010, un juge a laissé en liberté 17 des militaires inculpés en raison d’une « expiration des délais». Le gouvernement et les forces militaires ont arrêté à nouveau les soldats et demandé au juge d'accélérer la recherche de la vérité et de définir si ces soldats avaient ou non une quelconque responsabilité dans l’affaire de Soacha. A ce jour, aucune décision n’a été prise sur la question. 

Gracias a Eduardo Mackenzie por su traduccion en castellano de mi articulo! 

Por  Jacques Thomet

Un journalisme d’Investigation, Paris

http://jacquesthomet.unblog.fr/

1 de junio de 2010

 

 

El triunfo  de Juan Manuel Santos en la elección presidencial, que le asegura ser elegido el 20 de junio próximo en la segunda vuelta para suceder a Álvaro Uribe, ha eclipsado una terrible decisión dictatorial: el encarcelamiento  ordenado por  una juez cómplice de la mafia contra el ex  Jefe de la lucha contra el blanqueo de capitales, Mario Aranguren, y su adjunto, Luis Eduardo Daza, únicamente porque ellos cumplieron  su misión!

 

La Corte Penal Internacional (CPI) deberá juzgar un día a todos los miembros de esa magistratura colombiana  corrupta hasta el tuétano y cómplice tanto de los traficantes de drogas como de la barbarie terrorista de las FARC. Ex-Jefe de la UIAF (Unidad administrativa especial de Información en el Análisis Financiero), el equivalente colombiano del Tracfin  ( del ministerio de Hacienda francés) y de todos los organismos encargados de combatir  los delitos financieros en el mundo, Mario Aranguren, conocido por su integridad, así que su adjunto, son castigados con la cárcel por  investigar al mafioso  Asencio Reyes y sus relaciones sulfurosas con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

 

Los miembros de esa « Corte que suprime la justicia » –su apodo actual–,  son conocidos por sus vínculos probados con el narcotráfico y con los terroristas de las FARC, como este blog lo ha revelado en varias ocasiones. El juez español Baltasar Garzón, quien acaba de ser nombrado, por siete meses, asesor del director de la CPI, el argentino Ocampo, conoce bien a Colombia  por haber ido varias veces a una reserva indígena. El podría restaurar su reputación, algo decrépita desde que fue suspendido en España, si hace comparecer ante la CPI a los magistrados colombianos, incluida  la juez Jenny Jiménez, por complicidad con los criminales.

 

Al mismo tiempo que la justicia colombiana le concede el beneficio de la casa por cárcel a un asesino bajo las órdenes  del  jefe paramilitar Don Berna, Mario Aranguren será  internado en la cárcel en la Picota, llena de matones,  terroristas y  mafiosos, los mismos  que él había combatido!  

 

¿Qué esperan sus homólogos de las UIAF del mundo entero, incluidos los franceses de Tracfin, para denunciar este atentado contra la justicia?

 

 

Los informes de la UIAF sobre tres altos magistrados presuntos culpables de actividades ilegales habían designado  cuatro personas en 2008: el ex presidente del Consejo de Estado,  Rafael Osteau de Lafont Pianeta, el magistrado de la Corte Suprema, Yesid Ramírez Bastidas  (su ex Presidente), el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, José Alfredo Escobar Araújo, y el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Isaac Nader. Mario Iguarán, el Fiscal General en esa época, conocido por sus vínculos con la extrema izquierda, había archivado el caso sin ninguna acción adicional, a pesar de la acumulación de indicios. Esos funcionarios son sospechosos de tener  estrecho contacto con Giorgio Sale, un hombre de negocios italiano detenido y encarcelado en su país en noviembre de 2006 por tráfico de drogas y  blanqueo de dinero. El estaba relacionado con Salvatore Mancuso, el líder paramilitar colombiano extraditado a los Estados Unidos el 15 de mayo de 2008 junto con otros 14 jefes paramilitares. En su restaurante, La Enoteca, en Barranquilla, en la costa caribeña de Colombia, los magistrados de Bogotá tenían mesa franca…

 

Según una investigación realizada por la revista Semana de Bogotá, en junio de 2006, 20 de los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia había aceptado una invitación para viajar a Neiva (800 km al sur de Bogotá) con sus esposas,  el 9 de junio de ese año, para  festejar la designación por sus pares de Yesid Ramírez Bastidas como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Los billetes de avión  Bogotá-Neiva-Bogotá (cuyo costo fue de más de 10.000 dólares), más el hotel y las fiestas para toda esa gente (por una cantidad indeterminada) fueron pagados por Asencio Reyes Serrano. Propietario de la agencia de viajes « Viajes y Turismo Basán”, este personaje posee  un edificio en copropiedad con José María Ortiz Pinilla, extraditado a los Estados Unidos en 2007 por tráfico de drogas. « Nosotros no íbamos a comprobar quien pagó los gastos del viaje y no vimos ningún mal en ese desplazamiento », respondió sin identificarse uno de los magistrados a la revista Semana. Esa respuesta dice mucho acerca de la facilidad con que se prevarica en la Corte Suprema de Justicia, la cual  no tiene nada que ver con la de los Estados Unidos. Yesid Ramírez Bastidas también recibió un regalo de Giorgio Sale, en el año 2006: un costoso reloj de oro, marca Locman.  ¡Él mismo lo admitió!

 

Conclusión (provisional, espero): los mafiosos deambulan por las calles, sobornan a los jueces, pero quienes  luchan contra ellos terminan en la cárcel! La senadora Piedad Córdoba, agente de las FARC, aún no  ha sido oída, y mucho menos inculpada, a pesar de la apertura de una investigación en su contra en 2008, la cual ha sido confirmada este año. Usted comprenderá por qué, a veces, me canso de gritar  en el desierto en este modesto blog ante  el silencio cómplice de los medios de comunicación y ante la inercia  del ministerio público colombiano.

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