PARAMILITAIRES
25 de julio de 2011
Para los comunistas la derecha no existe, sólo hay « extrema derecha ». Ellos rechazan las particularidades, los grados, los matices y la complejidad de las sociedades abiertas y de la vida en general. Cuando el debate se calienta, sus adversarios son « nazis », « fascistas » y « paramilitares ». Esos epítetos infamantes son una de sus armas favoritas en su combate desesperado contra la civilización y la democracia. Ese enfoque es un resultado más del sociologismo ramplón del marxismo. Hacia finales de los años 1940, ellos sometieron a una tercera parte de la humanidad mediante la violencia y el terror y engañaron a millones con su lenguaje falso, sobre todo en Europa, Asia y América Latina. Hoy ese imperio se ha derrumbado y las gesticulaciones de los PC residuales son vistas como lo que son: fraudes, insultos a la inteligencia. ¿Salvo en Colombia?
Los que le aconsejaron al presidente Santos que lanzara, hace unas semanas, el cuento de que había en Colombia una « mano negra de extrema derecha », comparable y tan belicosa como la « mano negra » opuesta, las Farc, pues ambas quieren « frenar los avances del gobierno, desestabilizar el país y crear una sensación de caos », por lo cual ambas deben ser « aisladas y marginadas », como advirtió el presidente Santos en infortunada disertación, buscan manipular miserablemente a la opinión pública.
La verdadera extrema derecha es algo muy particular: ella odia el cristianismo y tiene el mundo pagano como telón de fondo. La extrema derecha es anti liberal y rabiosamente antiamericana, anti atlantista y anti construcción europea. La extrema derecha preconiza el darwinismo social, es anti elitista, xenófoba y, sobre todo, antisemita, anti sionista y anti Israel.
¿Dónde está esa extrema derecha en Colombia? Quien pueda señalarla, con datos objetivos, que lo haga. Digan dónde está, pero pruébenlo con rigor y sin repetir los clisés que los mamertos quieren endilgarles a sus adversarios.
La extrema derecha es una corriente subversiva que milita contra el orden establecido. Ella trata de destruir, por la fuerza y por la propaganda, el sistema democrático para erigir un régimen estatista, antijurídico y antiparlamentario dominado por un jefe providencial, llámese Duce o Führer. Este desmantela todo organismo de representación ciudadana pues nada debe interponerse entre él y el pueblo.
La extrema derecha no es idéntica pero se parece mucho a la extrema izquierda. Ambas combaten el capitalismo, las libertades democráticas y el Estado de derecho. Ambas detestan la noción de individuo y la moral y están convencidas de que arreglarán todos los problemas y crearán la sociedad « perfecta ». Esas corrientes convergen ante ciertas coyunturas. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos fueron saludados en Francia con champagne por jóvenes del Frente Nacional de Jean Marie Le Pen, así como por trotskistas y por Carlos, el terrorista islamista encarcelado. Todos estaban felices de que « el imperialismo, los sionistas y sus aliados » hubieran sido « golpeados en su propia casa ».
Stalin ayudó a Hitler a conquistar el poder al prohibir la alianza de los comunistas con los socialistas alemanes. En 1939, Stalin firmó con Hitler el pacto que desató la segunda guerra mundial. El PCF pidió al ocupante alemán autorización oficial para distribuir L’Humanité desde junio de 1940. Ese año fue creado, con ayuda de trotskistas, el Movimiento Nacional Revolucionario, que le apostó a la victoria total de Alemania. Ellos creían en la edificación de un « nuevo socialismo », « sin judíos, masones ni jesuitas ». Desorientado por el ataque sorpresa de Hitler a la URSS, Stalin condujo de manera inepta la guerra contra el fascismo hitleriano. Sólo el heroísmo del pueblo y la ayuda de Occidente salvaron a ese país de la esclavitud.
El comunismo y el nazi-fascismo son hermanos gemelos. Esos dos movimientos totalitarios comparten una misma genealogía: la primera guerra mundial y el socialismo. Ni Lenin, ni Hitler, ni Mussolini, ni Stalin, ni Trotsky, ni Mao fueron ni liberales, ni gente « de derecha ». Todos crearon partidos obreros. Los crímenes de esos dos sistemas presentan fuertes analogías. Los comunistas exterminan millones de personas en nombre de la supremacía de una clase y los nazis hicieron lo mismo en nombre de la supremacía de una raza. Los nazis decían lo que iban a hacer. Los comunistas ocultan su programa. « El comunismo es el nazismo más la mentira », escribió Jean-François Revel.
Los primeros en teorizar, desde 1849, sobre la « limpieza étnica » y la masacre de razas y de naciones enteras, consideradas « sin futuro », fueron los padres del llamado « socialismo científico »: Marx y Engels.
En Colombia no hay una extrema derecha. ¿Y los paramilitares? ¿Y las Auc de Fidel Castaño y Mancuso? ¿Y las Bacrim? Todas esas bandas cometieron atrocidades idénticas a las de las Farc. En su primera fase hubo una lógica antisubversiva y de autodefensa frente a la expansión fariana. Después, se impuso la lógica mafiosa: barrer a las Farc para preservar el negocio narco-traficante. Pues éstas, desde 1975, querían imponer su hegemonía no solo a las regiones sino al narcotráfico. La cuestión ideológica nunca fue central en ese pleito entre criminales. De hecho, en las bases y entre los jefes y cuadros narcotraficantes y paramilitares hubo y hay de todo, desde liberales « progresistas » (como Pablo Escobar), hasta filo nazis (como Lehder), ex guerrilleros del M-19 (como Diego Viáfara) y miembros de las Farc. El « Negro Vladimir », jefe paramilitar que cometió más de 800 asesinatos, era un comunista y ex guerrillero de las Farc. ¿Olvidamos acaso que Fidel Castaño y Rodríguez Gacha decían que luchaban « contra el comunismo y la oligarquía »? Hoy esas convergencias continúan, sobre todo entre las Farc y las Bacrim. Éstas últimas, aunque no aspiran a tomar el poder, buscan tener influencia local y expandirse para consolidar su negocio, pero no tienen una visión particular del mundo. Por eso pocos creen que esas bandas son la extrema derecha que denunciara el presidente Santos.
En cambio, desde hace décadas, hay una extrema izquierda identificable, intolerante, subversiva, armada, obtusa y cruel que monopoliza el uso de la ultra violencia contra el pueblo y contra el Estado constitucional y democrático. Esa gente comete salvajadas todos los días contra los civiles y contra militares y policías y se disfraza de « oposición legítima » que lucha contra un « régimen opresivo ». Esa gente atrae a sus redes clandestinas a jóvenes generosos pero incautos y engatusa a partidos y sindicatos rojos y rosados de Europa y Estados Unidos, los cuales, por ceguera ideológica, no ven la verdad.
La izquierda colombiana siempre fue hipócrita ante el tema de los paramilitares. Éstos son, un día, de « extrema derecha » y, al día siguiente, no. « No debe haber negociación con los paras pues son criminales comunes, no delincuentes políticos », dicen. ¿Cómo justifican entonces su caracterización inicial? Para ella, en cambio, sí se puede negociar con las Farc pues son delincuentes « políticos » de extrema izquierda. Conclusión: el paradigma del mal son los paras, mientras que las Farc (el motor de todas las violencias de la Colombia actual) es un mal menor.
En Colombia no hay una extrema derecha. Lo que sí hay es un frente no declarado, quizás incipiente y desorganizado, por ahora, pero pluralista y cada vez más vasto, contra las Farc. Es un frente anti-comunista pues las Farc son comunistas. Es un frente humanista, legítimo y fecundo, donde hay varias corrientes, que se inscriben, todas, en un marco legal, liberal-conservador, religioso y laico, patriótico y cosmopolita, de derecha, de centro e incluso de izquierda. Es una corriente anti-comunista sin relentes extremistas o « fascistas ». Es un anticomunismo virtuoso, de demócratas, de gente que rechaza todas las « alternativas » armadas, la barbarie de las Farc y la de organismos tipo Auc o Bacrim y que denuncia el narcotráfico.
Es un frente anti-comunista que crece ante los horrores que perpetran todos los días las Farc. Ese frente no es ni « fascista », ni de « extrema derecha ». Es el bloque de todos aquellos que piden que Colombia vuelva a ser un país normal, sin la amenaza permanente que encarna esa banda.
El invento de « la mano negra de extrema derecha » fue creado por gente que sabe que ese repudio es tan grande que ha generado no sólo manifestaciones masivas contra esos criminales, sino una nueva libertad de tono, de palabra y de análisis, entre periodistas, blogueros, columnistas, estudiosos, activistas y en una parte de la clase política. Ese espíritu ciudadano votó dos veces por Álvaro Uribe, un liberal de centro, y lo apoyó siempre. Y votó por Juan Manuel Santos pues él proponía continuar la política de seguridad democrática. Ese espíritu ciudadano, esa revolución intelectual importante, le exige ahora a Santos un regreso a la vía correcta, al combate sin concesiones, y sin falsos amigos, para ponerle fin al terrorismo, sin lo cual Colombia no alcanzará la prosperidad a la que tiene derecho.
Ello es visto por las Farc y sus aliados « de avanzada » como una amenaza. Pues sus mentiras y amalgamas son cada vez menos eficaces. La gente ya no les traga entero. Por eso quieren fragilizar, desviar y desmantelar ese frente de rechazo anti-Farc, calumniándolo. Pretenden, además, erigir una censura y aumentar la auto censura de la prensa para que la batalla de ideas, y la batalla por la información y por la formación de una opinión pública más alerta, colapse y sólo quede en pié el combo folklórico-sangriento de las Farc y sus ecos detestables en los medios de comunicación, en las universidades y, sobre todo, en el aparato judicial.
El totalitarismo muestra sus orejas no sólo a través de la acción armada de las Farc. Los ataques al constitucionalismo colombiano (contra la separación de poderes, por la preeminencia del poder judicial sobre los otros poderes, el menoscabo de las garantías procesales, la manipulación de pruebas, la idea de que la ideología vale más que la ley y la Constitución, que ésta es sólo una guía de segunda clase, y que por encima están unas misteriosas « normas » y unas « doctrinas » y una « jurisprudencia » internacional), avanzan todos los días sin que el gobierno, ni las élites que lo respaldan, reaccionen contra ese flagelo. Sin embargo, el gobierno de Santos cree que está luchando con gran eficiencia contra las Farc.
En ese contexto surgió la alegación de que había una peligrosa « extrema derecha » que lucha contra el gobierno. Fue una maniobra hábil, temeraria, quizás diabólica, pues sirve, sobre todo y objetivamente, a los planes de Alfonso Cano de llevar a su apogeo la guerra subversiva, la guerra invisible, destinada a paralizar el Ejército desde dentro del Estado. Al crear un paralelismo entre las atrocidades de las Farc y la supuesta « extrema derecha », se crea un efecto de disculpación de éstas últimas y se le declara tácitamente la guerra al frente civil que rechaza a las Farc.
La táctica de hacer ver a la derecha como de extrema derecha fue utilizada con éxito por un jefe socialista europeo. Durante su primer septenio, el presidente François Mitterrand favoreció el auge del extremista Frente Nacional, mediante un artilugio electoral. Después impuso una rutina: cada crítica que la derecha le lanzaba, cada vez que ésta discutía temas como la seguridad, la inmigración, la educación nacional, la prensa adicta transformaba eso en acto de colaboración, o casi, con el « fascismo ». Ese truco sigue siendo utilizado hoy, aunque ha perdido fuerza.
La seguridad democrática demostró que la mejor vía para desmantelar a las Farc es el combate legítimo del Estado y de sus Fuerzas Armadas, con el apoyo moral e intelectual de la sociedad civil. La vía anterior, bastarda, auspiciada por gobiernos ineptos, que creyeron que con « conversaciones de paz » las Farc serian aplacadas, condujo al auge de éstas y de los paramilitares, lo que agravó la tragedia nacional. Volver al modelo anterior y dividir a la sociedad civil que repudia el terrorismo en todas sus formas, es prolongar esa agonía.
Lo genial de quien impulsa en Colombia la campaña sobre la existencia de una « mano negra de extrema derecha » es haber puesto esa línea en boca del presidente Santos. Al aceptar esa patraña, el primer mandatario se metió en la trampa. Esperamos que algún día salga de ella.
16 mars 2010
Je ne sais si mon commentaire sera publié par Le Figaro, à qui je viens de l'envoyer. Le voici pour vous, suivi du reportage de Patrick Bèle, auquel j'ai réagi ce soir:
Ton papier sur « les liaisons dangereuses des politiques colombiens » serait parfait s’il n’oubliait totalement la face cachée de la médaille : les liens de politiques de gauche, comme la sénatrice Piedad Cordoba, avec les terroristes des FARC (ainsi qualifiés depuis juin 2002 par l’Union européenne). Par dizaines, les courriels découverts dans les ordinateurs de Raul Reyes, alors n°2 des FARC, après sa mort dans le bombardement de son camp retranché le 1er mars 2008, ont démontré la complicité entre elle (ainsi que de multiples personnalités, dont les présidents du Venezuela et de l’Equateur) et la guérilla des FARC. Interpol a validé, après enquête, le contenu de ces échanges dans les disques durs et les clefs USB de Raul Reyes. L’enquête dont elle a fait l’objet depuis septembre 2008 devant la Cour suprême n’a même pas commencé !
Tu cites le cas de Carlos Garcia Orjuela. Cet ancien président du Congrès, un médecin qui a poursuivi son cursus à Lyon, constitue un cas typique d’une justice partisane, plus qu’indépendante puisqu’elle ne poursuit que les présumés complices des paramilitaires à partir de faux témoignages qui permettent aux dénonciateurs d’obtenir des remises de peine, voire leur mise en liberté.
A l’image du colonel Alfonso Plazas, héros colombien dans le sauvetage de 200 juges pris comme otages dans le palais de justice de Bogota incendié par les terroristes du M-19 en 1985, et détenu depuis deux ans après de faux témoignages, Carlos Garcia Orjuela se retrouve sous les verrous à partir de fausses dénonciations de ceux qui attendent, par tous les moyens coercitifs possibles, d’échapper à leurs propres crimes.
La loi Justice et Paix que tu évoques concerne tous les acteurs armés du conflit colombien, et pas seulement les 30.000 paramilitaires démobilisés. Les anciens membres des FARC sont entrés par milliers dans ce programme de réhabilitation, dont Katrina, commandante des FARC et responsable reconnue de plus de 150 meurtres. J’ai assisté en novembre 2009 à Bogota à l’une de ses confessions publiques lors d’un symposium auquel j’avais été invité. Il est dommage que tu n’aies pas été informé de son cas, et de celui de beaucoup d’autres, lors de ton reportage à Bogota. La justice colombienne redoute leurs témoignages, toujours pas enregistrés, car ils menacent les liaisons dangereuses entre les FARC et l’élite colombienne.
Last but not least, tu cites comme commentateur Leon Valencia à propos de la nouvelle Constitution de 1991 en Colombie. Son contenu n’a rien à voir avec les paramilitaires, mais avec les barons de la cocaïne, puisqu’elle interdisait leur extradition aux USA ! Quand le M-19 a tué plus de 100 juges en 1985 dans son attaque du palais de Justice et incendié les lieux, il avait reçu des millions de dollars de Pablo Escobar, comme en témoignent les documents publiés depuis, pour détruire leurs dossiers d’extradition ! Leon Valencia s’exprime dans les médias colombiens en toute liberté, après avoir été, lui, amnistié, malgré tous ses crimes commis au sein de l’ELN, un autre groupe terroriste selon l’UE…
Voici l'article du Figaro auquel j'ai réagi:
· Les liaisons dangereuses
des politiques colombiens
Par Patrick Bèle
16/03/2010 | Mise à jour : 09:24 Réactions (2)
La démobilisation des paramilitaires a mis en lumière leurs liens avec certains élus.
Alvaro Garcia Romero, après vingt ans au Sénat, vient d'être condamné par la Cour suprême de justice à 40 ans de prison pour homicides et association de malfaiteurs. Grand propriétaire terrien, il est originaire de la région de Sucre (côte caraïbe). La justice colombienne lui attribue la responsabilité, en 2000, du massacre de Macayepo qui a fait 15 morts. Il avait téléphoné aux forces de police pour qu'elles se retirent de la zone. Les paramilitaires avaient eu ainsi la voie libre pour accomplir leur sale besogne. La cour a considéré que El Gordo Garcia (le gros) a lui-même créé et financé des groupes paramilitaires. Il s'agit de la plus lourde condamnation dans le cadre de la «parapolitique», un terme qui désigne les liens entre les paramilitaires et certains politiques. Ces milices sont responsables de plus de 150 000 homicides depuis 1993.
Controverse avec le président
«Le plus souvent, ce ne sont pas les paramilitaires qui sont allés chercher les politiques, mais les politiques qui sont allés chercher les paramilitaires dans les années 1990, explique l'analyste Leon Valencia, de la fondation Nuevo Arco Iris. Il s'agissait de contrecarrer les éléments de démocratisation de la nouvelle Constitution de 1991 qui menaçaient leur pouvoir local.» Vendredi dernier, 25 politiques ont été arrêtés en Antioquia pour leurs liens présumés avec Freddy Rendon, alias El Aleman, détenu à la prison de Medellin : parmi eux des candidats à l'élection de dimanche, des maires et des conseillers. 30 000 paramilitaires se sont démobilisés à la faveur de la loi justice et paix de 2005. Cette loi propose aux paramilitaires une peine maximum de 8 ans de prison à condition de remettre leurs biens à la justice pour alimenter un fonds de réparations aux victimes, de cesser toute activité criminelle et surtout de dire la vérité. Les dénonciations se sont alors multipliées et les inculpations de politiques ont suivi.
Arrêté en juillet 2008 alors qu'il était président du parti de la U, Carlos Garcia Orjuela clame son innocence. Il est accusé par quatre miliciens condamnés à de lourdes peines d'avoir participé, en 2001, à deux réunions avec des paramilitaires. «Pour bénéficier de la loi justice et paix, ils dénoncent mon mari, mais il n'y a rien d'autre que ces témoignages contre lui », déplore son épouse. D'autres dossiers semblent plus solides, notamment celui de Mario Uribe, cousin du président Uribe. Il aurait eu plusieurs réunions avec Salvatore Mancuso, un des grands patrons des «paras». Les scores électoraux de Mario Uribe ont, ensuite, notablement augmenté. Il a été arrêté sur ordre de la Cour suprême il y a deux semaines. Cette affaire avait fait l'objet d'une vive controverse entre le président et les membres de la Cour suprême en 2008.
Quand on l'interroge sur la parapolitique, Alvaro Uribe répond invariablement : «Vous voyez bien que la justice colombienne est indépendante, sinon, comment expliqueriez-vous qu'autant de députés et sénateurs, parfois proches, soient poursuivis !»
L'«uribisme», première force politique
Après le camouflet infligé fin février par la Cour constitutionnelle qui l'empêche de se présenter une troisième fois à la présidentielle, la journée électorale de dimanche a redonné du baume au cœur au président Alvaro Uribe : le parti de la U, qui regroupe ses plus fidèles partisans, est arrivé largement en tête des élections législatives et sénatoriales avec 29,2 % et 24,75%. Si on y ajoute le résultat du Parti conservateur et du PIN, les soutiens à Uribe sont majoritaires et en progression au Congrès. Les Verts font pour la première fois leur entrée au Parlement. Le Polo (gauche) enregistre un recul important.
Autre sujet de satisfaction : ces élections ont été les plus tranquilles depuis trente ans. En 2002, il y avait eu 139 attaques de la guérilla, en 2006, 97, dimanche seulement 6. Une confirmation de la réussite de la «sécurité démocratique». En revanche l'achat de votes semble avoir atteint des niveaux inégalés. Le chef de la mission d'observation de l'OEA, Enrique Correa, a constaté de nombreuses irrégularités dans les départements de Magdalena, Atlantico, Cundinamarca et Norte de Santander. À Magangue, les voies s'achetaient directement dans le bureau de vote. La Mission d'observation électorale a relevé des «négociations massives» d'achat de votes dans le département de Sucre.
11 juin 2009
Cette missive, rendue publique par la radio Caracol, va faire trembler dans les chaumières des soldats et policiers, ainsi que dans les mess d’officiers.
Extradé en 2008 aux USA avec 14 autres leaders des milices d’autodéfense unies de Colombie (AUC), Salvatore Mancuso, leur chef suprême, évoque notamment les rapports entre les paras et les organes chargés de défendre le pays, comme une « politique d’Etat ».
Le mois dernier, Mancuso avait reçu la visite dans sa cellule de la sénatrice Piedad Cordoba et d’Ivan Cepeda, deux militants de la gauche extrême, proches des FARC, ennemis du chef de l’Etat colombien, et décidés à tout faire pour empêcher Alvaro Uribe de se représenter à la présidentielle de 2010 pour un troisième mandat.
La Colombie de 2009 ressemble à un régime léniniste sans le nom, sous la couverture d’un système démocratique, avec une justice aux mains des complices de la guérilla terroriste. Toutes les preuves en sont démontrées dans ce blog.
Les complices des FARC en seront pour leurs frais à la lecture de la lettre de Salvatore Mancuso. Même s’il fait état de « certaines critiques qui surnagent dans (sa) tête face à la gestion malheureuse du processus de paix avec les autodéfenses », le chef des paras révèle que si on lui avait demandé de signer, il l’aurait fait comme 5 millions de Colombiens en 2008 pour demander un référendum autorisant Alvaro Uribe à se présenter pour un 3° mandat en 2010.
Cette mention exempte le chef de l’Etat de tout lien avec les paras. Extradé aux USA par Uribe, Mancuso avait toute latitude de déclencher un tsunami politique contre Uribe, à même de lui permettre une remise de peine. Grâce à la loi « Justice et paix », des milliers de paras et de guérilleros se sont rendus aux autorités depuis quatre ans avec la garantie d'une peine maximale de 8 ans de prison et d'une réinsertion dans la vie civile.
Voicu une analyse d'Eduardo:
25 de mayo de 2009
¿Piedad Córdoba fue a Washington tras una meta altruista? ¿Quien puede creer ahora que ella fue a “exponer el caso” del cabo Pablo Emilio Moncayo, secuestrado por las Farc hace doce años, y a buscar congresistas norteamericanos para que “intercedan para lograr su liberación”? Ella fue a esa ciudad, como uno de sus amanuenses acaba de corroborarlo, a acordar su violín con el del ex paramilitar Salvador Mancuso.
El encuentro realizado el pasado 22 de mayo en una cárcel privada de la capital norteamericana confirma una tendencia que se venía insinuando desde hace más de un año: las Farc buscan una convergencia con los paramilitares, y éstos con aquellos, para frenar la acción militar y judicial del Estado colombiano contra ambos.
El objetivo de Mancuso, como lo escribe él en su blog desde la cárcel, es el mismo de las Farc: derrocar al presidente Álvaro Uribe. Otrora enemigo de las Farc, Mancuso quiere vengarse ahora del poder colombiano por haberlo extraditado. Para ello, todos los medios son buenos, como en el caso de las Farc: el terrorismo, la guerra política y la desestabilización.
La senadora “liberal”, quien no oculta su coincidencia política con las Farc, como ella lo dice siempre que puede, se entrevistó durante cinco horas con el ex jefe de las AUC, en compañía de otras cuatro personas, entre ellas Iván Cepeda Castro, dirigente, como Piedad, del grupo llamado “colombianos por la paz”. Los otros fueron el senador Rodrigo Lara, el abogado Eduardo Carreño y Danilo Rueda, de la Comisión Intereclesial. Dato curioso: en la nota que publicó en El Espectador sobre ese evento Cepeda no menciona a esas personas.
El relato de Iván Cepeda es diferente de los otros sobre ese encuentro. El Tiempo dijo que los paramilitares Mancuso y John 40 hicieron saber que están dispuestos a continuar y agilizar su participación en el proceso de la ley Justicia y Paz y que piden garantías y seguridad para sus respectivas familias. La versión de Cepeda tiene otros acentos.
El asegura que Mancuso dijo que la extradición de los jefes paramilitares fue hecha ante la “inminencia de las confesiones” y que éstas “implicarían a sus aliados políticos, militares y económicos, que hoy detentan las más altas posiciones en el Estado”. Cepeda asegura que Mancuso le “confirmó”, a él y a Piedad, lo que ya ellos “intuían”, es decir, la supuesta “responsabilidad criminal de determinados líderes políticos y agentes estatales”.
El informe de Iván Cepeda es extraño. Este se guarda bajo la manga las supuestas “revelaciones” hechas por el ex jefe paramilitar, las cuales son descritas por Cepeda como “la verdad”. ¿Qué está esperando Cepeda para decir esa “verdad”? ¿Quienes son esos “aliados políticos, militares y económicos” [de Mancuso] que hoy “detentan” las más altas posiciones “en el Estado”? ¿Cuando lanzará los nombres?
Alguien está mintiendo. O Mancuso o el simpático dúo. Mancuso no puede haber olvidado que él había comenzado a “confesar” su horrible carrera criminal, antes de ser extraditado. El emprendió su “versión libre” el 19 de diciembre de 2006 cuando pidió perdón y lloró ante los fiscales. El continuó en enero de 2007 cuando reconoció más de 30 crímenes, y pudo haber seguido en eso si lo hubiera querido hasta su extradición, el 13 de mayo de 2008, cuando fue embarcado en un avión en compañía de otros 13 altos ex jefes paramilitares. ¿“Confesión inminente”? Mancuso y los otros fueron extraditados precisamente por no querer ir al fondo de lo que les exigía la ley Justicia y Paz: contar todas sus fechorías.
Hay algo más. Mancuso siguió testimoniando por vía satélite desde la prisión norteamericana. La revista Semana (18 de noviembre de 2008) recopiló parte de esas declaraciones. ¿Por qué lo que no dijo Mancuso en esas ocasiones, los famosos “nombres” que evoca Cepeda, ahora si lo habría dicho a esos dos artistas del humanismo?
Cepeda dice algo que El Tiempo no dice: que para “garantizar el silencio” se mantiene “bajo amenazas a las familias” de la cúpula paramilitar. Iván Cepeda invoca, además, una supuesta reserva del sumario. “Por ahora su contenido [la “verdad” de Mancuso] se mantiene en la reserva de las investigaciones. Ante la ausencia de un acuerdo integral de cooperación judicial, todavía es posible mantenerla al margen de los procesos que se adelantan en Colombia.” Ello es ilógico. Esa “reserva” obliga a las autoridades judiciales norteamericanas, pero no a los particulares, ni a esos activistas. Si Córdoba, Cepeda y sus acompañantes recibieron “la verdad” de boca de Mancuso ¿qué esperan para decirla?
Con su salida, Cepeda parece querer imponer una visión errada del derecho: lo que dice ahora Mancuso es la verdad. Bien diferente debe ser la actitud de los jueces norteamericanos y colombianos y de la prensa en general: lo dicho por un reo debe ser investigado primero, antes recibir la etiqueta de “verdad”.
“La senadora [Piedad Córdoba] ha demostrado que ejerce a conciencia y con aceptación de la guerrilla, [la] plena vocería política de las Farc. Dada esa identificación política con el grupo guerrillero, su papel mediador no se entiende –como sí es el caso de la Iglesia y de la Cruz Roja– como manifestación apolítica y humanitaria, sino que se revela como una más de sus actuaciones en causa propia del grupo al que adhirió”, dijo en su editorial El Mundo de Medellín, el 27 de abril de 2009.
Dado ese grado de compromiso adquirido por la senadora Córdoba con las Farc no se entiende cómo el gobierno colombiano acepta que un asunto tan delicado y complicado como el de las confesiones de los ex paramilitares extraditados a Estados Unidos pueda sufrir una interferencia tan grave. El grupo que acompañó a Piedad Córdoba a Washington está lejos de ser neutral: todos piensan lo mismo acerca del actual gobierno.
Lo ocurrido en el penitenciario de Washington y la versión dada por Iván Cepeda, refuerza la sospecha que tienen muchos colombianos. Con esas movidas, Piedad Córdoba persigue un objetivo: obstruir la posibilidad de una tercera elección de Álvaro Uribe. En ello también estaría Salvatore Mancuso: fue él quien le pidió a la senadora esa visita.
Poco antes del viaje de ese grupo a Washington, el presidente Uribe fustigó a los cómplices civiles de las Farc, criticó la impunidad que ellos gozan y señaló que la justicia trata de manera diferente el tema de la Farc-política y el de la para-política. Las Farc están tratando, en efecto, de incidir en la escogencia del candidato presidencial del liberalismo y trata de orientar el bloque que se opone a la reelección del presidente. La entrevista de Piedad Córdoba con los congresistas Bill Delahunt y James McGovern, dos amigos del régimen chavista, tiene que ser vista desde ese ángulo. Tales contactos están diseñados para redorar, por otra parte, el blasón de la senadora, bastante desdibujado por la marginalización en que se halla sobre el tema de los rehenes, tras la negativa del jefe de Estado colombiano a que esas liberaciones se conviertan en un show publicitario a favor del terrorismo y de los secuestros.
Uribe ha decidido no permitir que Piedad Córdoba participe en el acto de liberación del rehén Moncayo, mientras que las Farc insisten en entregarle a ella ese secuestrado. Algunos sectores han pedido a Piedad Córdoba que se retire de ese acto para quitarle a las Farc el pretexto de la no entrega del rehén y tengan que aceptar los mediadores neutrales, la Iglesia y la CRI. Pero Córdoba ha rechazado esa salida. Una conclusión se impone: a la senadora le interesa tanto la liberación de Pablo Emilio Moncayo como le interesó en una época la liberación de Ingrid Betancourt, es decir, nada.
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9 avril 2009 J’ai trouvé ce communiqué sur le site de Piedad Cordoba. A l'évidence, les Britanniques ont perdu le sens de l'information. Le chef de leurs services secrets vient de démissionner après avoir été pris en photo devant sa voiture avec à la main le plan top secret d'une opération anti-terroriste ainsi révélé à tout un chacun.
La délégation en visite en Colombie ignore manifestement que 31.000 « paras » se sont rendus depuis 2005, que leurs 15 chefs ont été extradés aux USA, que le chiffre des syndicalistes tués a baissé de 80% sous le gouvernement actuel, puisque 1500 d'entre eux disposent désormais d'une protection policière.
La même équipe de travaillistes, dont le groupe avait appuyé la participation de leur pays à l'invasion de l'Irak sous le gouvernement de Tony Blair malgré les mensonges sur la présence d'armes nucléaires dans ce pays, n'a pas été voir les indiens AWA. Ces députés auraient appris comment deux femmes enceintes de cette communauté ont été récemment exécutées à l'arme blanche par les FARC, leurs foetus arrachés par les guérilleros qui leur ont ouvert le ventre.
La même équipe n'a été voir aucune des familles de ces otages des FARC qui croupissent depuis 12 ans pour certains aux mains de ces terroristes.
Voici le texte trouvé sur le site Cordoba:9 abril de 2009
Al culminar su visita de una semana en Colombia, La Misión coordinada por JUSTICIA POR COLOMBIA, e integrada por parlamentarios británicos y sindicalistas de origen británico, estadounidense y canadiense-, emitieron un duro pronunciamiento sobre la situación de derechos humanos en Colombia.
El documento anexo fue leído en rueda de prensa celebrada en el Congreso de la República por la señora Sandra Osborne, di*****da Laborista e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña.
COMUNICADO DE PRENSA
Somos una delegación de parlamentarios británicos, y sindicalistas norteamericanos, canadienses y británicos. Hemos pasado siete días aquí en Colombia, juntando información sobre los abusos de derechos humanos y derechos laborales. Nos hemos reunido con un amplio abanico de la sociedad colombiana, cubriendo intereses cívicos, políticos, jurídicos y militares, incluyendo sindicatos, estudiantes, profesores, indígenas, campesinos, abogados sindicales defensores de derechos humanos, y con los retenidos liberados de las FARC. Hemos viajado al departamento de Arauca para escuchar los testimonios de comunidades e individuos afectados por el conflicto en esa región Visitamos la cárcel Buen Pastor y hablamos con las mujeres presas políticas encarceladas allí. También nos reunimos con Martín Sandoval, presidente del CPDH – Arauca, encarcelado injustamente en Arauca. Tuvimos oportunidad de hablar también con altos representantes del gobierno de Álvaro Uribe, y con el Presidente mismo. Estamos agradecidos a todos los individuos y grupos que tan generosamente nos entregaron su tiempo.
Estamos en estado shock por lo que hemos oído, y no tenemos dudas, dadas las evidencias recibidas, de que el gobierno colombiano de Álvaro Uribe, y la fuerza pública son cómplices de abusos de derechos humanos. Además, estamos convencidos que las actividades asesinas de los paramilitares son aprobadas y activamente apoyadas por el gobierno y el Ejército. Estos crímenes son agravados por la impunidad de la cual gozan los que cometieron estos delitos, y la falla del sistema judicial para procesar a los criminales y a los que dieron las órdenes.
En vez de encarcelar los verdaderos criminales, el gobierno ha encarcelado a sindicalistas, miembros de la oposición política, y a defensores de derechos humanos como al defensor de derechos humanos, Martín Sandoval. Llamamos por su liberación inmediata, y por la liberación inmediata de otros prisioneros políticos y sindicalistas.
Al regresar al Reino Unido y a Norte América estaremos llamando por la inmediata terminación de todo apoyo militar y político al gobierno colombiano. La no aprobación de cualquier Tratado de Libre Comercio hasta que los derechos humanos y laborales sean respetados de una manera internacionalmente verificable. Exponer públicamente la complicidad de empresas multinacionales en las violaciones de derechos humanos y laborales. Acabar de inmediato con la criminalización de la oposición democrática y legítima, incluyendo a la Senadora Piedad Córdoba, Senadora Gloria Inés Ramírez, Representante Wilson Borja y el Doctor Carlos Lozanos, entre otros. Apoyar el diálogo, un proceso de paz, y un intercambio humanitario. El cese de las ejecuciones extrajudiciales y los falsos positivos perpetrados por el Ejército colombiano.
Un informe completo de nuestras investigaciones y recomendaciones será publicado en el cercano futuro.
Miércoles 8 de abril de 2009.
Firmas adjuntas.
Katherine Craig: Abogada de Derechos Humanos. Viajó a Colombia con la Caravana de abogados en Agosto del 2008.Ian Davidson: Parlamentario Británico del Partido Laborista.
Jeremy Dear: Secretario General del sindicato ‘La Unión Nacional de Periodistas’ (NUJ) – el cual representa 32,000 periodistas, también es el Presidente de ‘Justice for Colombia’ y miembro del Ejecutivo de la TUC y del Consejo General de la TUC.
David Drever: Presidente del sindicato educativo, el ‘Instituto Educativo de Escocia’ (EIS) el cual representa 60,000 maestros en Escocia.
Simon Dubbins: Director del Departamento de Relaciones Internaciones del sindicato ‘Unite the Union’ el cual representa 2,100,000 afiliados in varios sectores, también es miembro del Ejecutivo del TUC Europeo y Presidente del sector grafico de la UNI (federación internacional).
Samuel Gurney: oficial del Departamento Internacional de la TUC, con responsabilidad para Colombia y otros países, también es miembro del consejo de administración de la OIT.
Sally Hunt: Secretaria General del sindicato de educación, ‘La Unión de Universidad y Colegios’ (UCU), el cual representa 118,000 profesores universitarios, también es miembro del Comité Ejecutivo de Justice for Colombia y del Ejecutivo y Consejo General de la TUC donde es la vocero sobre asuntos internacionales.
Peter Kilfoyle: Parlamentario Británico del Partido Laborista, anteriormente fue Ministro de Defensa.Adam Lee: Oficial del sindicato, United Steelworkers (USW) el cual representa 1.2 millones de afiliados de varios sectores de Estados Unidos y Canadá.
Andy Love: Parlamentario Británico del Partido Laborista.
James McGovern: Parlamentario Británico del Partido Laborista.
Karie Murphy: Asistente Parlamentaria.
John O’Neill: Abogado de la empresa más grande de abogados laboralistas en Gran Bretaña ‘Thompsons Solicitors’.
Sandra Osborne: Parlamentaria Británica del Partido Laborista, Miembro de la Comisión Parlamentaria de Asuntos en el Exterior.Stephanie Peacock: Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista.
Frederick Redmond: Vice Presidente Internacional del sindicato United Steelworkers (USW), el cual representa 1.2 millones de afiliados de varios sectores en los Estados Unidos y Canadá, también es miembro del Consejo Ejecutivo del AFL-CIO.
Mark Rowlinson: Fiscal del sindicato, United Steelworkers (USW) el cual representa 1.2 millones de afiliados de varios sectores en los Estados Unidos y Canadá.Michael Shaw: Presidente del sindicato de Bomberos británicos(FBU) el cual representa 45,000 afiliados bomberos.
James Sheridan: Parlamentario Británico del Partido Laborista.
Carol Wilson: Asistente ParlamentariaAnthony Woodhouse: Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato ‘Unite the Union’, el cual representa 2,100,000 afiliados de varios sectores.
26 MARS 2009 Cette macabre histoire de la famille Turbay Cote illustre le drame actuel de la Colombie : l’impunité dont bénéficient les complices de la guérilla à tous les niveaux de la société, y compris dans la justice.
Le 29 décembre 2001, Inès Turbay Cote et son fils Diego, parlementaire colombien, avaient été interceptés par un commando des FARC alors qu’ils circulaient en voiture dans le département du Caqueta, au centre de la Colombie. Le député, sa mère, et leurs cinq gardes du corps avaient été allongés sur le sol, puis criblés de balles. Près de neuf ans après, l’auteur intellectuel présumé de ce massacre, l’ex-député conservateur Fernando Almario, a enfin été arrêté et inculpé pour meurtre. Ce cacique du département du Meta (de Florencia exactement. Villavicencio en est la capitale – Merci Gato Negro de rectifier cette erreur !) est un ancien communiste devenu une taupe de la guérilla au sein du parti conservateur.
Grâce à un référé, ce premier inculpé de la FARC-politique avait obtenu le mois dernier d’être jugé chez lui, à Florencia, et non pas à Bogota. On imagine quelle aurait été sa peine (voire le non lieu) s’il avait pu concrétiser cette décision, prise par un obscur Conseil de la judicature alors que la Colombie dispose d’un ministère public (Fiscalia), d’une Cour suprême, et d’un Conseil constitutionnel. Les autorités ont finalement cassé le référé, et Almario sera jugé à Bogota. La fille d’Inès Turbay Cote, Constanza, réfugiée politique en Suisse à Zürich, depuis le massacre de ses proches, vient d’écrire au président Alvaro Uribe, avec copie aux organismes internationaux, y compris au Français Philippe Texier, ex-président du comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ON. Elle s’y inquiète des risques d’impunité dans le procès à venir. Elle affirme surtout que 38 témoins cités dans l’enquête ont été assassinés depuis son ouverture ! Je vous joins ci-dessous la copie de son poignant courrier.
En Colombie, plus de 50 parlementaire ou anciens députés ont été inculpés depuis 18 mois dans le cadre de la parapolitique pour leurs liens présumés avec les paramilitaires d’extrême droite, mais seul Almario l’a été jusqu’ici dans la FARC-politique ! La Cour suprême n’a encore poursuivi aucun de tous les politiciens cités dans les ordinateurs de Raul Reyes, et ils sont légion ! Piedad Cordoba continue ainsi de plastronner, tout comme le communiste-journaliste Carlos Lozano, l’activiste Gloria Cuartas, ou encore le pseudo-journaliste Hollman Morris. Pour votre édification, INTERPOL, qui a validé le contenu de ces ordinateurs, vient de donner la liste des personnes les plus recherchées dans le monde par cette police mondiale des polices. En Colombie, cette liste concerne 299 guérilleros (dont 264 des FARC) et 32 paramilitaires.
La carta enviada por Constanza Turbay Cote al presidente Uribe
El Espectador, Bogota
25 de marzo de 2009 Zurich, marzo 10, 2009
Excelentísimo Señor Presidente
Álvaro Uribe Velez
Enviada vía emailSeñor Presidente de los Colombianos, Dignísimo mandatario, gestor del cambio en Colombia:
Hace algunos años cuando mi familia fue asesinada y mi sangre fue dispersa en el suelo caqueteño como se dispersa el trigo para ser separado de la cizaña, terminé sola en mi amada tierra y el día que yo desaparezca, desaparecerá el último vestigio de mi estirpe Turbay Cote. Sin embargo, apreciado Presidente, esta realidad no me mortifica, ni siquiera me intimida, esa sentencia a muerte, impuesta por quienes no terminaron de arrasar por completo con los Turbay Cote. Me preocupan, Señor Presidente, la injusticia, la impunidad, la indolencia y la miseria que se ciernen contra la Justicia de nuestro país. Me refiero a la decisión que va a tomar el Consejo Superior de la Judicatura acerca de la jurisdicción en donde se adelantará el proceso penal en el que está involucrado el autor intelectual del asesinato de mi madre, mi hermano y sus cinco acompañantes.
Todos los organismos judiciales, (Corte Suprema de Justicia, Fiscalía y Procuraduría), que han tenido la investigación en este último año, coinciden en su veredicto. Las pruebas son tan contundentes, cristalinas y sólidas que conducen a esta unidad de pensamiento. Estos mismos organismos son los que hoy condenan enfáticamente las burdas y no transparentes pretensiones del sindicado de trasladar el proceso en la etapa fundamental del Juicio, a un despacho donde espera su absolución. El ex parlamentario Fernando Almario, en una más de sus reconocidas argucias, recurre al Consejo de la Judicatura de Cundinamarca, Tribunal que falla en favor de sus pretensiones y ordena el traslado del proceso en mención a Florencia (Caquetá), concediéndole a Almario prácticamente la posibilidad de escoger el juez a su medida y conveniencia.
Coincidencialmente, lo trasladan al Juzgado Primero Penal del Circuito en Florencia, juzgado que tiene antecedentes de favorecimiento en favor de los Almario; como es el caso de su hermano Gerson Almario, implicado en la muerte de un menor, suceso ampliamente denunciado por los medios de comunicación. El Derecho a la vida es una razón de orden mayor y justificación suficiente para solicitar que el proceso se lleve en la capital del país. La vida del abogado, la de las personas que vayan a declarar y la mía, en el Caquetá corren inminente y grave peligro. Lo digo basada en el doloroso listado de 38 asesinatos de testigos y personas relacionadas con el hecho, que impunemente han tenido que sepultar sus vidas y sus sueños. Lo pido también sustentada en el último estudio de seguridad de la Policía Nacional, en donde recientemente me consideró en Alto Riesgo. No necesito mencionar la evidente falta de garantías, que se derivan del inmenso poder político y judicial que el sindicado tiene en el Caquetá.
Si lo que está por pasar sucediera bajo el mandato de otro colombiano que no fuera usted, yo me resignaría silenciosa en el difícil exilio al que me veo expuesta; pero como lo que pasará signará de forma significativa su mandato, el cual sin duda ha resultado de esperanza, es por ello que recurro a usted, para que en su condición de Jefe de Estado pueda contribuir a detener este exabrupto y honrrar así el compromiso que su gobierno adquirió ante la comunidad internacional de convertir en un « Propósito de Estado », la defensa de los Derechos Humanos en Colombia. No podemos tener un juez elegido por su reo, no podemos enviar al reo donde tiene su cubil, no podemos dejar al reo que manipule a sus anchas su propio proceso, pues las garantías procesales también deben proteger a las víctimas, quienes en este caso específico, solamente atinamos a preguntarnos:
Qué garantías y cuál transparencia se pueden derivar de un tribunal en el cual algunos de sus miembros fueron elegidos en los tiempos en que Fernando Almario ofició como Representante elector y el hoy presidente de dicha sala, Dr. Angelino Lizcano (leal amigo del sindicado Almario), siendo el Secretario General de la Cámara fue el inscriptor y coordinador de dichas elecciones ? Aún más grave resulta la situación evidente mediante la cual, si un Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura resultara denunciado disciplinaria o penalmente por alguna conducta suya, su juez natural es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en donde se encuentra el otro alfil del ex-congresista Almario, Reinaldo Duque, secretario de la comisión. Se constituye así, en la Justicia colombiana, el perverso « Triángulo de las Bermudas de Almario », en donde por arte de magia se desaparece cualquier esperanza de Justicia.
Señor Presidente, llevo nueve años de paciente silencio; ya llegó la hora de la verdad, verdad que clama su cooperación. Es cierto, apreciado Señor Presidente, que los miembros de mi familia fueron sus amigos, recuerdo con gratitud que usted nos honró con su solidaridad y presencia en los oficios religiosos. También es muy cierto que este proceso retomó vida gracias al periodismo investigativo de la revista Cambio y a las valerosas denuncias que hizo el Senador Gustavo Petro en debate realizado en el Senado de la República en diciembre del 2007, quienes dieron a conocer a la opinión pública nacional e internacional el fenómeno conocido como Farcpolítica y cuyo único caso debidamente judicializado es el del ex representante Fernando Almario.Este caso no es una jugada de la oposición, tampoco es un simple evento de corrupción política, es uno de los mayores ejemplos de impunidad en la historia jurídica de Colombia; al cual le solicito a usted, Señor Presidente, la mayor atención por parte de todas las Instituciones del Estado, ya que en ese fenómeno confluyen las organizaciones armadas ilegales, el poder político y los intereses del narcotráfico. El vil asesinato de mi madre, mis dos únicos hermanos y las 38 personas correlacionadas con el hecho, es un crimen de LESA HUMANIDAD que clama justicia.
Pido al Altísimo que lo ilumine, para que libre a Colombia de este terrible flagelo y sea usted el líder que no duda en marcar este precedente por EL RESPETO A LA VIDA. Se lo solicito, por la vida de los que tanto amamos, por la vida de las nuevas generaciones, por la vida de quienes como su padre, todos los míos y otro sinfín de colombianos, partieron en estas violentas y muy dolorosas circunstancias. De usted,
Con sentimientos de admiración y aprecioConstanza Turbay Cote
C.C. Dr. Francisco Santos, Vicepresidente de la República; Dr. Nilson Pinilla, Presidente Corte Constitucional; Dr. Julio Enrique Socha Salamanca,Presidente Sala Penal Corte Suprema de Justicia;Dr. Mario Iguaran, Fiscal General de la Nación; Dr. Orlando Ordonez, Procurador General de la Nación; Senador Gustavo Petro; Srs. Corte Penal Internacional; Sr. Leandro Despouy, Relator Especial de Naciones Unidas sobre independencia del Poder Judicial; Sr. Eugeni Gay Montalvo, Misión de Magistrados Independientes Europeos; Sr. Philipe Texier, Presidente del Comite de los Derechos Económicos y Sociales de la ONU; Sr. Santiago Canton, Secretario General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Sra. Hellen Flautre, Presidente del Subcomite de Derechos Humanos Diputados Europeos; Familiares de víctimas; Jefes de Redacción: El Tiempo, El Espectador, Cambio, Semana, CMI, RCN, Caracol.
16 janvier 2009
Voici la version en espagnol de mon papier, traduit par Eduardo MacKenzie
14 de enero de 2009
Mi respeto impregnado de admiración por su pueblo, a pesar del dolor de las víctimas de un conflicto sin final, me obliga a llamarles la atención. Quién ama bien castiga bien, dice el sabio proverbio. ¡Ayuden a su país, en vez de menospreciarlo sin cesar! Por haber vivido y trabajado en Colombia como periodista extranjero (en la AFP) durante cerca de seis años, puedo decirles con certeza: ustedes llegarán a ser parte del Primer mundo el día en que guarden sus armas en el desván.
No hablo sólo de los grupos armados, ni de sus metas desconectadas de la realidad económica actual, en un mundo enfrentado a una mundialización global. Vivir de los rehenes y de la cocaína los llevará ineluctablemente al fracaso final, a un lamentable baño de sangre si no le ponen fin a su violencia. Esto que digo es válido para las FARC, para el ELN y para las AUC (o sus continuadores). La rendición de todas esas organizaciones permitirá su reintegración a la vida civil, como ya pudieron hacerlo miles de otros como ustedes y sin sufrir la exterminación que tanto temen cuando evocan el precedente de la Unión patriótica. Me dirijo también a otros actores importantes de la sociedad colombiana, es decir, a los medios de comunicación. En mi calidad de periodista francés, puedo decirles que sólo su régimen democrático tolera, sin reaccionar, sus insultos repetidos contra el Presidente de Colombia. Les guste o no, Alvaro Uribe fue elegido y luego reelegido, en la primera vuelta de cada elección, en 2002 y 2006.
Si yo escribiera sobre el jefe del Estado francés lo que ustedes eructan, semana tras semana, sobre su presidente, yo sería objeto de reacciones judiciales inmediatas en este París que ustedes ven erróneamente como el paraíso de los Derechos humanos. ¿Saben ustedes acaso que el ex director del diario Liberation sufrió recientemente una violenta detención (fue maltratado delante de sus niños, aislado e interrogado por la policía durante 48 horas, le hicieron un control anal, le retiron la corbata y los cordones de sus zapatos para evitar, probablemente, un posible intento de suicidio)? ¿Todo eso por qué? ¿Cual fue su fechoría? Por el comentario que un internauta dejó en la página web de ese diario. ¡Cuando yo leo las reacciones que los lectores dejan en los diarios colombianos me digo que todos ustedes serían detenidos si sus periódicos se publicaran en Francia!
Las FARC anunciaron en diciembre pasado la liberación eventual de seis de sus rehenes, quienes han estado encadenados desde hace seis o más años, y su entrega a Piedad Córdoba. Ese es el último ejemplo hasta hoy de un escándalo que ustedes no sólo ignoraron sino que dejaron desarrollar. Sus editoriales, en lugar de denunciar los repetidos chantajes de la guerrilla sanguinaria antes de cumplir sus promesas, toman por objetivo al presidente, quien se opone, entre otras cosas, a la presencia de Hugo Chavez en esa liberación. ¿Debo recordarles lo que haría Venezuela de su país si ese aprendiz de dictador pudiera anexarse a Colombia en su sueño de una nueva Gran Colombia? Ustedes serían convertidos en peones o, peor, en siniestros “colaboradores” de un sistema comunista que el mundo entero detesta. Reaccionen entonces, y cesen sus peleas para hacer de su país un faro de la América Latina del siglo XXI.
Jacques Thomet
14 janvier 2009
Mon respect teinté d’admiration pour votre peuple, malgré la douleur des victimes dans un conflit sans fin, m’oblige à vous interpeller. Qui aime bien châtie bien, selon le sage dicton. Aidez votre pays, au lieu de le dénigrer sans cesse !
Pour avoir vécu et travaillé comme journaliste étranger (AFP) pendant près de six ans en Colombie, je puis vous assurer de ma certitude : vous gagnerez vite le Premier monde le jour où vous aurez rangé vos armes au vestiaire.
Je ne parle pas seulement des groupes armés, aux visées déconnectées de la réalité économique actuelle, dans un monde confronté à une mondialisation globale. Vivre des otages et de la cocaïne conduit à votre inéluctable fin, dans le sang hélas si vous n’y mettez pas un terme. C’est valable pour les FARC, l’ELN et les AUC (ou leurs suivants). Votre reddition conduira à votre réintégration dans la vie civile, comme des milliers d’entre vous ont déjà pu le faire, sans subir l’extermination que vous redoutez en citant le précédent de l’Union patriotique.
Je m’adresse aussi aux acteurs en vue de la société colombienne, c'est-à-dire les médias. En ma qualité de journaliste français, je puis vous dire que seul votre régime démocratique tolère, sans réagir, vos insultes répétées contre le président élu de Colombie. On l’aime ou pas, mais Alvaro Uribe a été élu, puis réélu, qui plus est au premier tour à chacun des scrutins, en 2002 et 2006.
Si j’écrivais sur le chef de l’Etat français ce que vous éructez, semaine après semaine, sur son homologue colombien, je ferais l’objet de poursuites judiciaires immédiates dans ce Paris que vous croyez, à tort, être le paradis des Droits de l’homme. Savez-vous que l’ancien Pdg du quotidien Libération a récemment subi une violente garde à vue (isolement et interrogation par la police pendant 48 heures, contrôle anal, retrait de cravate et des lacets de chaussures, menottes devant ses enfants, pour soi-disant éviter une éventuelle tentative de suicide) ? Son méfait ? Le commentaire d’un internaute sur le site du journal. Quand je lis les réactions des lecteurs sur le site de vos journaux, vous seriez tous en garde à vue si vos médias se publiaient en France !
Les FARC ont annoncé en décembre dernier la prochaine libération de six de leurs otages, tous enchaînés depuis six ans ou davantage, et leur remise à Piedad Cordoba. C’est le dernier exemple en date d’un scandale que vous avez non seulement ignoré, mais que vous laissez faire.
Vos éditoriaux, au lieu de dénoncer les chantages à répétition de la guérilla sanguinaire pour conclure leur engagement, prennent pour cible le président, opposé entre autre à la présence de Hugo Chavez dans cette libération. Dois-je vous rappeler ce que ferait le Venezuela de votre pays si ce dictateur en herbe pouvait l’annexer au sien dans son rêve pour le retour de la Grande Colombie ? Vous n’y seriez que des péons, ou, pire, de sinistres « collabos » d’un système communiste honni par le monde entier.
Alors, réagissez, et oubliez vos querelles pour faire de votre pays un phare de l’Amérique Latine au XXIe siècle.
