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Voici une analyse de notre ami Eduardo sur l’actualité colombienne. Ses déductions effraient. Un projet de loi constitutionnelle pour une « justice de transition », initié par des congressistes proches des terroristes, et soutenu par le président Juan Manuel Santos, vise à amnistier les tueurs des FARC et de l’ELN pour leur permettre de participer à la vie politique de la Colombie, impunément.
J’ai changé le titre en français, qu’il me pardonne!
Santos en el pantano de la justicia transicional
Por Eduardo Mackenzie
20 de septiembre de 2011
¿Quién puede creer todavía que el presidente Juan Manuel Santos impulsa una política de « combate » y « firmeza » frente las Farc y el Eln?
Aunque él no lo diga ni lo deje decir, la política de Santos es la de llevar discretamente el país a los esquemas nefastos y repudiados por todos de las concesiones unilaterales a las Farc y al Eln. Eso es más claro ahora que nunca. Pues eso es, precisamente, lo que el jefe de Estado colombiano acaba de anunciar entre líneas. Entre líneas, digo, pues lo que él le lanza a la opinión, con notable desprecio, es un mensaje subliminal diferente. El ha puesto de moda frases que hablan de seguridad y valentía, como la de que los militares « le están respirando en la nuca a Alfonso Cano », y como la de que « nos estamos metiendo a las madrigueras de las Farc ». ¿Las cortinas de humo funcionarán hasta cuándo?
La prueba de lo que afirmamos la acaba de dar el mismo presidente Santos. Ayer él convocó a los jefes de los cinco partidos políticos de la coalición de gobierno para notificarles que la reforma constitucional que pretende sacar adelante el senador Roy Barreras, de la Comisión de Paz del Congreso, tiene el apoyo de la Casa de Nariño.
En otras palabras: Santos quiere elevar a precepto constitucional una curiosa doctrina que impulsa no Barreras sino un conocido bloque ideológico latinoamericano que trabaja desde hace años para eximir de proceso y garantizar la impunidad a los terroristas y a otros « actores del conflicto armado » y para hundir, al mismo tiempo, en procesos amarrados, a las fuerzas armadas del continente y a los defensores del Estado de derecho. Todo eso como condición previa a la apertura de falaciosos « diálogos de paz » tendientes a buscar la legitimación de los violentos.
Nada de eso es secreto, ni imaginado por los disidentes. Roy Barreras lo dice sin ambages en la exposición de motivos que hace de su proyecto de reforma constitucional, presentado el 12 de septiembre de 2011. Oigámoslo: « En contextos de justicia transicional no es posible ni deseable investigar y juzgar todos y cada uno de los hechos que ocurrieron en un conflicto armado, ni sancionar a todas y cada una de las personas que participaron en éste. »
Otra perla: « Si nuestro modelo de justicia transicional se dedica a investigar cada delito de manera independiente, será imposible llegar a comprender la verdad del conflicto armado en el país. » Algo más: « Los instrumentos de justicia transicional no funcionan y no deben funcionar de la misma manera que la justicia ordinaria ».
La justicia transicional es, pues, eso: una pura desviación de la justicia ordinaria, un atajo « progresista » que conduce hacia la más grande injusticia: el perdón y olvido de los crímenes de quienes utilizaron las armas para cambiar al país. Ese invento es el responsable de que en Argentina los matones de Montoneros y del ERP quedaran en libertad y llegaran al gobierno, sobre todo desde la elección de los esposos Kirchner. Juzgar a los militares que cometieron crímenes durante la dictadura de Videla era y es legítimo. Lo inadmisible es que los terroristas de izquierda, que cometieron crímenes y atrocidades idénticas y masivas, sean dejados libres y convertidos en gente decente. Ese es uno de los logros de la « justicia transicional » en el continente. Un proceso igual quieren abrir en estos momentos en Brasil.
Y lo que grupos extremistas quieren hacer en Colombia: dejar sin procesos ni castigo a los jefes de las Farc-Eln y repetir, pero de manera aún más vasta y grave, lo que la subversión logró hacer con el M-19: dejarlos sin sanción y llevarlos a ocupar cargos públicos. Mientras que sus asesinatos, como el de José Raquel Mercado, con implicaciones estratégicas para la libertad sindical, y la matanza del Palacio de Justicia, fueron sepultados en el olvido. Y mientras que los militares que los derrotaron son acorralados con una guerra judicial que aún no termina.
Con la reforma que Roy Barreras trata de vendernos, ahora con el aval del presidente Santos, y bajo la promesa de la « terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable », Alfonso Cano podrá salir de sus cuevas y transformarse en candidato a la presidencia de la República y las Farc podrían alcanzar dentro de poco (pues la cosa va muy rápido) hasta la excarcelación de Herminsul Arellán Barajas, « explosivista » de la columna Teófilo Forero, capturado en el Meta en marzo de 2011, y condenado a 40 años de cárcel por el atentado contra el Club El Nogal, donde murieron 36 inocentes y otros 167 quedaron heridos.
En el modelo de Barreras ello es posible pues « el legislador, por iniciativa del gobierno nacional, podrá ordenar la renuncia a la persecución penal » de cualquier criminal como Cano, si éste lo exige como condición para « favorecer desmovilizaciones », e ir hacia una « solución política » del « conflicto armado interno ».
También el gobierno podrá evaporar la investigación y la sanción penal de los terroristas que dinamitaron en junio una escuelita del Cauca porque un hijo secuestrado de la rectora se les escapó, pues en el modelo de Barreras, unos misteriosos « mecanismos colectivos no judiciales » tendrán la capacidad de instruir y sancionar a los « ex combatientes ».
Si dejamos pasar esa reforma quedaría en libertad alias « el pájaro », quien, a punta de dinamita, desplazó más de 5 mil campesinos de Anorí, Antioquia, pues el sistema de la « justicia transicional » podrá « ordenar la cesación de la acción penal de conformidad con los criterios de priorización y selección ».
La reforma constitucional que tan rápidamente avanza, incluye concesiones tan precisas que uno puede suponer que éstas no caen del cielo sino que corresponden a exigencias particulares que algunos están transmitiendo a Santos a través de misteriosos emisarios. Veamos un ejemplo del boquete institucional que se prepara y que hará felices a algunos:
Como el artículo 122 de la Constitución prohíbe a quienes « hayan sido condenados en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten al patrimonio del Estado », ser « inscritos como candidatos a cargos de elección popular » y ser « designados como servidores públicos », y « celebrar personalmente o por interpuesta persona, contratos con el Estado », Roy Barreras pretende derrumbar ese muro mediante este mico: « Cuando por iniciativa exclusiva del gobierno nacional, así lo disponga el Legislador por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara, esta disposición no se aplicará a los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que se desmovilicen en el marco de un proceso de paz con el gobierno nacional. »
La llamada « justicia transicional », que tiene una oficina en el ministerio del Interior colombiano bajo la batuta de Miguel Samper Strouss, trabaja para eso pues se inscribe, con docilidad asombrosa, aunque las buenas almas lo nieguen siempre, dentro de una cruzada continental que impulsan los castristas y chavistas desde la Tierra del Fuego hasta el norte de México, para socavar la democracia representativa y el sistema capitalista.
La dinámica de todo eso es ya conocida, pues ya se hizo en Colombia: primero la excarcelación de criminales tenebrosos, después desmilitarización de amplias zonas del país y diálogos « de paz » y finalmente engaño, decepción y más violencia. A eso vamos. Con el gancho de que hay que adoptar esa curiosa « justicia » pues ésta será la única que podrá resolver « una serie de problemas que hoy tiene la aplicación de la ley de justicia y paz ». Si Santos quiere hacer eso, ese es su problema. Pero él no debería contar con nuestro silencio.
18 septembre 2011
Pour une poignée de dollars, mais il s’agit non plus d’un film, seulement d’une réalité, des terroristes, des narcos, des agences étrangères et même des particuliers ont pu se procurer récemment en Colombie le fichier des 6.000 agents secrets, de leurs sources et de leurs missions.
Cet état de fait, effrayant pour la sécurité d’hommes et de femmes en lutte pour la sauvegarde de leur démocratie, est mis au jour ce dimanche par l’hebdomadaire colombien Semana, pourtant proche du chef de l’Etat, et détenteur avoué de ces fichiers.
Les révélations de Wikileaks ne sont qu’une bricole, s’agissant de câbles d’ambassades américaines rendus publics après l’occultation des identités concernées, face à ce scandale qui menace de mort non seulement les 6.000 espions colombiens, mais aussi leurs contacts retournés dans les milieux du terrorisme et de la mafia.
Le principal responsable de cette condamnation à mort à terme n’est autre que l’actuel président du pays andin, Juan Manuel Santos, pour avoir permis une telle filtration, ou a minima n’avoir pas su l’empêcher. Il devra rendre compte de cette traîtrise devant son peuple, si une justice digne de ce nom, non pervertie comme aujourd’hui par la mafia et la guérilla, reprend la main.
Ce splendide pays aux dons remarquables, que je connais bien, sans compter ses richesses naturelles, souffre d’un hiatus considérable entre ses élites de gauche et la masse de 46 millions de travailleurs, victimes un jour ou l’autre du terrorisme admis sans qu’ils osent le reconnaître par ces pharisiens.
Que mes lecteurs colombiens, y compris mes contradicteurs, me comprennent bien !
En France, mon pays initiateur des droits de l’Homme, les services secrets espionnent y compris les journalistes pour défendre la démocratie. François Mitterrand avait mis sur écoute plus de 2.000 journalistes, acteurs et politiciens sous ses deux mandats (1981-1995), sans aucune conséquence judiciaire ni pour lui, ni pour ses sbires. En ce moment, le ministre de l’Intérieur de Nicolas Sarkozy vient de reconnaître avoir espionné le téléphone d’un journaliste du quotidien Le Monde. Aucune enquête n’a suivi ces révélations. Que je sache, Paris ne souffre d’aucune menace terroriste.
En Colombie, pays en proie au terrorisme des FARC et de l’ELN – ainsi qualifié par l’Union Européenne -, le DAS (services secrets) a fait son travail de base avec la mise sous écoutes de congressistes suspectés de liens avérés avec les terroriste, comme la dangereuse ex-sénatrice Piedad Cordoba, sous la présidence d’Uribe.
Au lieu de poursuivre cette complice de la guérilla, les juges de la Cour suprême colombienne ont jeté en prison les agents du DAS pour avoir fait leur travail. Pis encore, l’ex-héros colombien Alvaro Uribe, président de 2002 à 2010, n’a pas osé valider cette politique des écoutes pour la sécurité de son pays, et s’est lavé les mains, comme Ponce Pilate.
Six mois avant la fin de son second mandat, Uribe a annoncé la suppression du DAS au lieu de défendre cette entité. Au pouvoir depuis août 2010, Juan Manuel Santos a confirmé cette intention, mais sans aucun garde-fou prévu pour les agents du DAS. Face aux incertitudes sur leur avenir, ceux-ci ont monnayé leurs informations dans la crainte de se retrouver à la rue sans aucun centime.
Ce contexte facilité par le président Santos explique la fuite des informations mortelles pour les agents secrets et leurs sources, au bénéfice de rebelles, de trafiquants de drogue, et d’un pays étranger qu’il n’est nul besoin de lire entre les lignes pour savoir qu’il s’agit du Venezuela dirigé par le castriste Hugo Chavez, actuellement soigné à Cuba pour une troisième chimiothérapie de son cancer.
A suivre bien entendu…
09 août 2010
Soyons prudent, puisque l’enfer est pavé de mauvaises intentions. Mais je me risque à vous l’annoncer : nous approchons d’une reddition de la guérilla des FARC et de l’ELN, si je sais lire entre les lignes la dernière intervention de Piedad Cordoba ce lundi.
Cette sénatrice proche des FARC, pour ne pas dire plus, vient de révéler qu’elle présentera devant l’UNASUR (Union des nations d’Amérique du Sud) « une proposition pour la démobilisation d’un groupe de personnes des FARC et de l’ELN ».
Une telle initiative, qu’elle a commentée dimanche avec Fidel Castro par téléphone, constitue une première pour celle qui s’était contentée jusqu’ici de jouer un jeu trouble avec les FARC pour une libération au compte-gouttes de dix des cinquante otages aux mains des terroristes jusqu’à 2009.
L’objectif de la sénatrice d’extrême gauche avait toujours consisté à relancer, à chaque libération d’otages, son projet d’un échange entre les séquestrés aux mains des FARC et les 500 guérilleros emprisonnés en Colombie. Jamais elle n’avait engagé la moindre initiative pour une reddition de ceux qu'elle soutient.
Si Piedad Cordoba endosse un tel projet de démobilisation de rebelles chez les FARC et l’ELN, c’est que la guérilla est au bout du rouleau, après les 8 années du combat quotidien mené Alvaro Uribe contre les terroristes, y compris avec son ex-ministre de la Défense Juan Manuel Santos, devenu son successeur à la présidence de Colombie samedi.
Je n’exclus pas qu'Alfonso Cano, nouveau chef des FARC, fasse partie des démobilisés en puissance puisqu’il est encerclé par l’armée dans les défilés de las Hermosas, au centre du pays, tout comme Jorge Briceno, « el Mono Jojoy », commandant militaire des FARC.
Une telle reddition partielle avait déjà été envisagée à mots couverts par Hugo Chavez la semaine dernière, comme je vous l’avais relaté, quand il avait demandé aux FARC de libérer tous leurs otages.
Le président du Venezuela, menacé à l’intérieur d’un coup d’Etat, est accusé par Bogota, devant la Cour pénale internationale, preuves à l’appui, d’abriter 1 500 guérilleros des FARC sur son territoire.
Acculé, Chavez n'a plus d'autres ressources que de faire abdiquer la guérilla, via Piedad Cordoba. Je ne comprends pas autrement la proposition sans précédent de la sénatrice pour une démobilisation de ces terroristes dont elle avait toujours appuyé la plate-forme politique.
05 AOUT 2010
Avec une cote de popularité de 80%, le président colombien laisse sa place samedi 7 août à son ex-ministre de la Défense, Juan Manuel Santos, après huit années à la tête du pays andin, sur un bilan autant héroïque qu’élogieux dans une nation minée par le terrorisme.
Alvaro Uribe laissera une trace indélébile dans la mémoire des 45 millions de Colombiens, pour avoir réduit à la portion congrue les terroristes des FARC, de l’ELN et les paramilitaires, alors qu’il aura fait face sans relâche aux sourdes complicités de la justice avec les terroristes.
Cette lutte acharnée et quotidienne sur tous les tableaux explique sans doute son principal échec, sans l’excuser car ses conseillers auraient dû y remédier : une communication désuète, voire absente à l’international, doublée d’une diplomatie à l’encan.
Aujourd’hui, les Colombiens peuvent se promener en voiture dans tout le pays sans risquer de se faire enlever au premier carrefour par la guérilla, ou de périr dans un attentat aveugle à la voiture piégée. J'en ai été un témoin privilégié sur place.
Ce n’était pas le cas en 2002, année de sa prise de fonction, avec à l’époque 3.200 séquestrations par an, la plupart par les FARC et l’ELN (contre moins de 200 en 2010), et 45.000 morts violentes (contre moins de 15.000 en 2009).
Grâce à sa politique dite de « sécurité démocratique », Uribe a réussi à laminer les FARC, passées de 18.000 à moins de 6.000 hommes, et l’ELN, désormais inexistante après avoir compté 5.000 hommes et s’être distinguée avec l’enlèvement de 250 fidèles dans une église de Cali en 1999. 30.000 paramilitaires ont rendu les armes depuis 2003, et tous leurs chefs, 16 au total, ont déjà été extradés aux USA pour y être jugés. Les assassinats de syndicalistes ont été dans le même temps réduits à leur plus simple expression.
La lutte contre les FARC, auteurs d’assassinats collectifs de civils, au style irakien d’aujourd’hui, comme les 36 morts au club El Nogal de Bogota en 2003, a porté ses fruits. Le N°2 Raul Reyes a été abattu, le n°3 exécuté par son garde du corps, et les ordinateurs saisis dans le camp du premier – validés par Interpol – ont révélé 37.000 fichiers dévastateurs pour leurs complices à l’intérieur et à l’étranger, notamment au Venezuela avec Hugo Chavez.
Ce combat a eu en point d’orgue la libération de 15 otages illustres le 2 juillet 2008 par un commando des services secrets colombiens dans l’opération Jaque. Ingrid Betancourt, trois Américains de la lutte anti-drogue et onze officiers de l’armée colombienne avaient alors recouvré la liberté. Quatre autres officiers, dont le général Mendieta, avaient eux aussi été sauvés dans une attaque de l’armée cette année. La plupart étaient otages depuis 12 ans !
De tels succès ont eu lieu en dépit de la présence en Colombie d’une Cinquième colonne active : celle des magistrats de la Cour suprême de justice. Complices des narcos et des FARC, ces juges n’ont cessé de poursuivre des élus pour de présumés contacts avec les paramilitaires, sans jamais faire de même avec les sénateurs et députés devenus les relais des FARC, comme Piedad Cordoba.
Depuis 14 mois, la Cour suprême, dont les membres corrompus ont bénéficié de l’opération « promenade » en 2006, avec un voyage d’agrément avec leurs épouses payé par un complice des narcos à Neiva (au sud, dans le Huila), n’a toujours pas désigné l’avocat général sur la liste de trois candidats proposée, selon la Constitution, par Alvaro Uribe ! Ces magistrats ont ainsi tenté d’échapper aux poursuites que le ministère public ne manquerait pas d’engager contre eux. L’opération « promenade » visait à honorer un certain Yesid Ramirez, alors président de la Cour, avec remise de cadeaux millionnaires par le narco. C’est ce même Yesid Ramirez qui vient de poursuivre, hors du cadre de sa juridiction, un fils d’Alvaro Uribe, Tomas, pour une présumée nomination amicale de notaires. Les écoutes ont permis de révéler que ce magistrat avait traité d’assassin le président, qui vient de porter plainte contre lui hier.
Le régime d’Alvaro Uribe s’achève avec une nouvelle preuve des obstacles internes à une totale éradication du terrorisme, mis par la justice dans les roues de l'Exécutif, avec le soutien d’une presse aveuglée par sa tolérance face au terrorisme.
Plusieurs agents des services secrets (DAS) et de l’UIAF (Unité des analyses financières), organe du ministère des Finances équivalent de notre Tracfin en France, sont poursuivis en ce moment pour avoir espionné les magistrats et épluché leurs comptes. La presse de gauche en Colombie dénonce un nouveau Watergate. J’en suis horrifié !
Mais c’est le devoir de ces agences de l’Etat que de traquer le blanchiment d’argent et le terrorisme ! Aucun de ces organismes n’est remis en question en France, alors même que nous n’avons pas l’équivalent des FARC sur notre sol ! Au contraire, c’est grâce à leurs écoutes téléphoniques et leurs filatures que les scandales financiers ont fini par être dénoncés à Paris…
18 mars 2010 Dans notre monde dit libre, les peuples continuent d’être intoxiqués par les images toutes faites que propagent leurs élites, avec en relais une presse sans le moindre esprit critique, sur les autres pays.
Il en est ainsi de Cuba, « paradis social malgré ses travers provoqués par le blocus américain », selon les bonnes âmes de nos démocraties qui n’ont pas daigné réagir aux violences commises hier contre les « Dames en blanc », inoffensives mères et épouses des prisonniers politiques du castrisme que des femmes de la police castriste ont arrêtées « manu militari ». Mais c’est surtout le cas de la Colombie, un pays victime, si j’ose dire, d’un excès de démocratie dans le contexte d’une lutte contre les terroristes des FARC, de l’ELN et des paras.
Grâce à la politique de sécurité démocratique du président Alvaro Uribe, qu’on l’aime ou qu’on le déteste, les guérillas ont été réduites à la portion congrue. Les enlèvements, de 3200 en 2001, avant son élection en 2002, sont passés à moins de 200 en 2009. Les crimes, de 45.000, ont baissé à 15.000. Les Colombiens peuvent désormais circuler en voiture sans risquer d’être enlevés dans une « pêche millionnaire », une expression alors courante devenue désuète. Quant à l’économie, elle n’a jamais connu une telle expansion, malgré la crise mondiale de 2008. L’immobilier connaît une croissance de plus de 30%, et les investissements étrangers affluent. Malgré ce contexte porteur, Alvaro Uribe ne pourra pas se représenter, alors qu’il était assuré d’une réélection au premier tour. La Cour constitutionnelle l’en a empêché, avec pour seuls arguments des « erreurs de procédure » dans l’appel signé par quatre millions de Colombiens en faveur d’un référendum qui lui aurait permis, en cas de victoire, de postuler un troisième mandat.
Personnellement, j’ai toujours estimé que deux mandats étaient suffisants, et qu’Uribe devait laisser la main pour éviter d’apparaître comme un caudillo dans le style des Chavez, Correa, Morales, Ortega. Mais les desiderata des Colombiens étaient autres. Ils voulaient maintenir au pouvoir celui qui a réduit le terrorisme et sauvé 15 otages dont Ingrid Betancur le 2 juillet 2008 dans l'historique Opération Jaque. Le peuple en a été empêché par la camarilla d’une justice infestée par la corruption et ses liens avec les FARC. Cette complicité atteint des niveaux sans précédent au cœur de la Cour suprême. Je vous reporte à mes archives sur les liens avérés entre ses magistrats, la mafia de la drogue et la guérilla. Depuis sept mois, cette Cour qui n’a rien des Miracles s’oppose à la nomination du « fiscal » (avocat général de l’Etat), bien que la Constitution lui imposât de choisir entre trois candidats proposés par le chef de l’Etat. Alvaro Uribe a fini par changer les noms de sa sélection, contrairement à ce qui est prévu par la Loi suprême. Le « dictateur fasciste » de Colombie aura démontré une fois de plus les limites de son pouvoir. En Bolivie, le roi de la coca et émule de Chavez, Evo Morales, vient de nommer carrément TOUS les juges, mais personne n’a bougé le petit doigt chez les intellectuels de nos démocraties, y compris en Colombie.
Pis encore, je viens de lire deux heures plus tôt, sur un site de El Tiempo ou de Caracol, une déclaration d’Alvaro Uribe, qui s’étonnait pour la 1e fois de l’absence de poursuites contre les agents de la Farc-politique, et de l’ELN-politique. Je vous rappelle que seuls sont poursuivis jusqu’ici les parlementaires présumés complices de paramilitaires, comme c’est aujourd’hui le cas de l’ex-sénateur Alvaro Araujo Castro, condamné à 9 ans et 3 mois de prison par la Cour suprême. Tenez-vous bien, cette déclaration d’Alvaro Uribe, que j’aurais dû copier-coller immédiatement pour vous la relater, a disparu de ces sites ! Aucun média colombien ne publie cette grave accusation. Le chef de l’Etat est ainsi censuré par les propres organes de presse de son pays ! Aucun média ne rapporte son sursaut, bien tardif, contre l’absence de poursuites, de la part de la Cour suprême, contre les agents des FARC et de l’ELN au sein du Congrès. Les preuves abondent pourtant.
Une information préliminaire ouverte en septembre 2008 contre Piedad Cordoba n’a toujours pas été concrétisée ! Cette sénatrice apatride, qui recommandait aux pays d’Amérique Latine, dans un forum gauchiste à Mexico en 2007, la rupture des relations diplomatiques avec la Colombie, est une complice confirmée des FARC, comme le démontrent les centaines de dossiers découverts dans les ordinateurs de Raul Reyes après l’élimination de ce n°2 des FARC en 2008. Cette femme au turban, sangsue des otages que ses amis terroristes lui confient au compte-gouttes au profit de sa publicité, sera-t-elle en jour condamnée à la prison ? Qui sait si le Prix Nobel de la paix n’en fera pas, au lieu d’une complice de la terreur, une héroïne qui deviendra intouchable et pourra faire et dire tout et son contraire contre le régime colombien au profit de ses alliés des FARC. Une autre preuve de cette transgression de la démocratie au profit des organes terroristes transparaît dans le quotidien El Tiempo de ce jour. Alvaro Uribe a rendu hommage ce jeudi à Angelino Garzon, choisi par Juan Manuel Santos, successeur probable du président dont il a été le ministre de la Défense, pour candidat à la vice-présidence sur son ticket. « C’est un lutteur social dans la fraternité », a déclaré Uribe à propos de cet ancien syndicaliste, devenu l’un de ses ministres avant d’être élu gouverneur de Cali.
Le journal El Tiempo précède cette déclaration présidentielle du commentaire suivant : « le président Alvaro Uribe continue de jouer sur la ligne étroite de l’ingérence en politique », selon le quotidien. Depuis deux mois, le chef de l’Etat a même été interdit de diffusion télévisée pour ses conseils des ministres décentralisés, qu’il tient chaque samedi depuis son arrivée au pouvoir en 2002 !
Quelle est la qualité d’une démocratie qui empêche son président d’ouvrir la bouche pour s’exprimer en politique ? Celle d’une dictature aux mains de juges corrompus et soudoyés par les terroristes, quand ce n’est pas sous la menace.
Où atterrira une démocratie qui emprisonne depuis deux ans un héros colombien, le colonel Alfonso Plazas Vega, sauveteur de 200 juges en 1985 quand les terroristes du M-19 avaient incendié le palais de justice de Bogota, contre six millions de dollars payés par le cartel de Medellin pour brûler leurs dossiers et éviter ainsi les extraditions de ses membres aux USA, et pris les magistrats en otages avant d'en exécuter une centaine? De faux témoins l'accusent de la disparition de 11 employés de la cafétéria du palais.
Pauvre démocratie colombienne …
6 août 2009
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Les lance-roquettes de fabrication suédoise de l'armée vénézuélienne retrouvés dans un camp de la guérilla des Farc en Colombie ont été volés par les rebelles colombiens dans une base navale du Venezuela en 1995, a déclaré mercredi Hugo Chavez.
Hélas pour lui, le président vénézuélien n’a convaincu personne, sauf ses affidés. Il
a montré un rapport de l'époque signalant notamment le vol de « cinq lance-roquettes AT4″ par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) dans une attaque contre la base de Cararabo, située à la frontière avec la Colombie, le 26 février 2009.
Voici les résultats de mon enquête :
1-Ce coup de main sanglant avait été perpétré non pas par les FARC, mais par l’ELN, autre mouvement de guérilla sans atomes crochus avec les FARC. Le chef de l’attaque, Carlos Marin Guarin, a été arrêté en Colombie le 10 janvier 2008. Il s’agit d’un sanguinaire de la pire espèce. Dans l’attaque de Cararabo, 8 marins vénézuéliens avaient été égorgés. Leurs langues arrachées avaient été déposées sur leur poitrine comme s’il s’agissait de cravates… Le meme Guarin avait aussi ordonné le meurtre de l’évêque Jaramillo Monsalve en 1989 dans la même région frontière.
2-Chavez ne donne pas les numéros de série des lance-roquettes volés à Cararabo. Seules ces données peuvent permettre de confirmer ou non si ce sont les armements retrouvés chez les FARC. Les numéros de série de ces derniers correspondent bien en tout cas aux lance-roquettes vendus par la Suède au Venezuela, comme l’a confirmé Stockholm.
3- Pourquoi a-t-il fallu 9 jours à Chavez pour trouver cette explication ? A noter qu’à l’époque il avait été accusé par le président Rafael Caldera d’avoir participé à l’opération de Cararabo ! Chavez dirigeait alors le Mouvement révolutionnaire bolivarien (MRB-200).
4- Pourquoi Chavez n’a-t-il pas rappelé la barbarie insoutenable de l’ELN à Cararabo ? Parce que l’ELN s’abrite sur le sol vénézuélien depuis longtemps, comme 3 commandants des FARC.
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17 mars 2009 (Si les médias veulent publier cette exclusivité, j'en serais fort aise, mais svp citez mon blog en échange !)
Quand on a été pris en otage par la guérilla de Colombie, il vaut mieux s’appeler Ingrid Betancourt, alors candidate à la présidence colombienne et désormais aidée par la France, que de porter le nom de Christophe Beck, un entrepreneur français ruiné et désormais au bord de la misère. Elle, qui s’est jetée dans la gueule du loup (les FARC) pour faire remonter une cote exsangue dans les sondages (0,3%), a été médiatisée pendant son calvaire, transformée en héroïne par le pouvoir français, et reçue à grands frais à Paris dans un hôtel 5 étoiles.
Lui, séquestré à son corps défendant par l’autre guérilla de l’ELN de 2005 à 2006, est sans le sou après la vente de tous ses biens par sa famille pour payer une rançon de 600.000 dollars aux terroristes. A 64 ans, il vit avec son épouse Martine dans un mobile home prêté par un ami, près de Perpignan, avec une retraite de 1200 euros par mois. Un abîme sépare les deux ex-otages dans le traitement par l’Etat français de leurs cas respectifs, mais bien au-delà de ce que j’avais déjà relaté ici et dans mon dernier livre sur Les secrets de l’opération Betancourt (Fayard). L’entretien que je viens d’avoir par téléphone avec Christophe Beck fait froid dans le dos, et va plus loin encore dans les révélations contenues dans son récent livre L’otage oublié (Jean-Claude Gawsewitch).
Pendant l’enlèvement d’Ingrid Betancourt, la famille et l’ex-mari de l’otage ont été reçus à de multiples reprises par les présidents Chirac puis Sarkozy, par les ministres des Affaires étrangères Villepin puis Douste-Blazy. Le battage des médias s'est amplifié sans relâche.
Pour sauver Christophe Beck, la France a opéré un hallucinant silence radio. « Mon épouse a envoyé une lettre recommandée à Jacques Chirac. Il ne lui a jamais répondu », s’exclame ce chef d’entreprise. « Aucune autorité parisienne ne l’a jamais reçue ni contactée. Ni Douste-Blazy, ni Noël Saez (note de ma part : cet ancien consul a effectué 25 voyages en Colombie pour tenter d’obtenir la libération d’Ingrid sans aucun succès), ni Daniel Parfait (note : alors directeur des Amériques au Quai d’Orsay et amant d’Astrid, la sœur d’Ingrid, qui n’avait pas divorcé de son mari comme je l’ai révélé ici), ni personne, à part un quatrième couteau du Quai », s’indigne-t-il. « Si je venais à rencontrer Douste-Blazy, je lui mettrais deux baffes. Il nous a pris pour des cons ! », assure l’ancien otage. Le mépris de l’ex-ministre face à la détresse du Français Christophe Beck contraste avec sa dévotion à la cause de la Colombienne Ingrid Betancourt. J’ai révélé dans mon livre déjà cité que Douste-Blazy avait osé proposer à un ami journaliste français, qui partait en reportage en Colombie, de transmettre un message aux FARC : vous libérez Ingrid et on vous retire de la liste des organisations terroristes ! Le collègue avait refusé.
Pis encore. Le Quai et le consulat de France à Caracas (note : M. Beck avait été enlevé au Venezuela puis vendu à la guérilla colombienne par ses geôliers) n’ont cessé de demander à la famille du Français de « ne pas médiatiser. Ce fut abject. Ils ont même insisté pour que notre député-maire des Pyrénées Orientales, François Calvet (UMP), cesse de politiser mon affaire », révèle l’ex-otage. Son calvaire aurait pu « prendre fin six mois plus tôt, assure-t-il, si le ministère français avait accepté d’aider les miens pour obtenir un prêt de 10.000 euros – j’insiste sur ce point : ma famille n’avait pas demandé un don – afin de boucler la rançon. Le Quai n’a pas donné suite, alors qu’il nous restait un lopin de terre en France qui pouvait servir d’hypothèque. Ce refus a obligé ma femme à liquider notre propriété de 1.500 bovins, développée après des années d’effort, sept jours sur sept. Nous nous sentions un peu les ambassadeurs de la France, avec cet élevage d’abord bas de gamme devenu un bétail de race, que je présentais dans les concours agricoles ».
Le parcours de l’ancien otage mérite d’être retracé. Patron d’une entreprise de construction métallique, « Beck & Cie » à Perpignan, il l’a revendue à ses ouvriers qui ont en fait une coopérative. Lui-même a contribué au montage de son capital, payé les juristes, et « fait du social », comme il aime à le rappeler, avant de partir pour une nouvelle aventure au Venezuela achevée dans les larmes. « Leur société reste la première du Languedoc-Roussillon en la matière», dit-il avec fierté, en avouant que ses anciens employés « l’invitent régulièrement au restaurant ». « Aujourd’hui, je commence seulement à reprendre des couleurs, explique-t-il, car quand on rentre d’un tel chemin de croix, on est déphasé, paumé, détraqué. Je me perdais même dans Perpignan que je connaissais pourtant comme ma poche ». Dans leur mobile home, Christophe et Martine ne pourront pas lire ce reportage. « Nous n’avons pas de ligne téléphonique fixe, et donc pas accès à internet… », avoue-t-il.
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24 février 2009
Ce coup de théâtre a eu pour cadre la région de Barbacoas, près du Pacifique, dans le sud-ouest colombien.
L’un des quinze transfuges, la guérillera Pilar, a révélé avoir utilisé la plante « dormilona » pour plonger les chefs locaux de l’ELN dans un sommeil profond « d’au moins huit heures ».
Ce laps de temps a permis aux fuyards de se rendre à l'armée avant d'être retrouvés par leurs pairs.
8 février 2009
C’est le sujet d’un livre écrit par le sociologue René Dumont sur l'Afrique Noire dans les années Soixante, mais je ferai plus court.
Dans ce pays magnifique, baigné par deux océans, avec trois cordillères, les Llanos et l’Amazonie, ses 45 millions d’habitants devraient baigner dans l’opulence.
Malgré ses richesses naturelles ou sorties de terre (pétrole, charbon, émeraudes, café, riz, maïs, pomme de terre, bétail, etc), le pays andin continue de subir la violence de guérillas déconnectées du monde réel grâce à l’argent de la drogue.
Un homme, Alvaro Uribe, a réussi à changer la donne. Elu en 2002 puis réélu en 2006, il a réduit aux acquêts le terrorisme des FARC, pacifié les paramilitaires, et laminé l’ELN, un groupe rebelle catholique qui vit de la rançon de ses otages.
Les citoyens peuvent enfin traverser le pays en voiture sans risque d’être enlevé, les prises d’otage ont été diminuées par dix, les crimes par trois, et la justice, comme la presse, continuent d’y jouir d’une totale indépendance, voire d’une complicité acceptée avec les rebelles.
Chaque nation démolie par la guerre secrète un jour un homme providentiel, vite jeté aux chiens quand le calme revenu permet aux corrompus de tout poil de relever le nez.
En France, nous eûmes le général Charles de Gaulle. Ce héros a empêché la patrie des droits de l’Homme, soumise au nazisme, de devenir en 1944 un satellite des USA. Moins de deux ans plus tard, après avoir créé la Sécurité sociale, les comités d’entreprise, donné le droit de vote aux femmes, et obtenu l’intégration de Paris au Conseil de sécurité de l’ONU, les Français l’amenaient poussé à démissionner, pour laisser le pouvoir à la IVe République, l’un des régimes les plus pourris de notre histoire, gauche et droite confondues (à l’exception du passage de 45 jours du socialiste Pierre Mendès-France à la présidence du Conseil en 1954, pour mettre fin à la guerre d’Indochine). Le retour au pouvoir du général en 1958, 13 ans plus tard, aura permis à la France de retrouver sa place dans le concert des nations, de faire la paix en Algérie, et de connaître son âge d’or sur le plan interne (avec une révolution économique) et externe (dans l’admiration mondiale pour notre indépendance des Blocs) dont témoigne le discours de Phnom Penh. Et puis le peuple l’a rejeté comme une vieille chaussette, sous l’influence des intellectuels de gauche comme Jean-Paul Sartre (celui qui jouait ses pièces devant l’occupant nazi entre 1939 et 1944), pour confier le pouvoir aux nouveaux moteurs de l’abaissement.
A Bogota, un autre homme seul, Alvaro Uribe, a réussi un pari similaire. Toutes proportions gardées, il a remis la maison Colombie en ordre de marche, pour devenir le président le plus populaire de l’histoire locale. Et une autre « rosca » (réseau en Colombie), conduite par des intellectuels amnistiés de leurs crimes, mène le bal pour ramener le pays à ses errements.
Comme de Gaulle, Uribe est qualifié de dictateur, malgré leurs élections populaires directes au suffrage universel. Leurs ennemis communistes, les mêmes de chaque côté de l’Atlantique, ont et gardent pignon sur rue pour dénoncer le « fascisme » du pouvoir.
Comme la France, la Colombie est mal partie, avec le risque de retrouver les démons de la dislocation.
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A tous, vous pouvez signer cette lettre, il suffit de l'indiquer dans un commentaire.
7 février 2009
Madame,
Les lecteurs de ce blog, l’un des plus courus pour connaître la réalité des Andes, et notamment de votre première patrie, la Colombie, sont unanimes à vous adresser cette requête, que nous espérons digne de votre bienveillance.
Vous n’ignorez sans doute pas la tragédie vécue par Christophe Beck, cet éleveur français expatrié au Venezuela, enlevé à 61 ans par la guérilla colombienne de l’ELN et enchaîné pendant 12 mois à un arbre, avec un rayon d’action limité à deux mètres. Sa famille a dû vendre tous ses biens pour payer la rançon de 600.000 euros exigée par les terroristes, sans pouvoir disposer comme vous de l’aide française.
Même un prêt de 10.000 euros demandé au Quai d’Orsay a été refusé aux Beck pour boucler le montant de l’extorsion. Le fils de cet otage a été contraint de liquider à son tour ses biens pour permettre la libération de son père. Toute la famille a alors dû rentrer en France début 2007, dans le plus complet dénuement, sans pouvoir bénéficier ni d’un avion de la République, ni d’un accueil fastueux sur notre sol, ni même du réconfort essentiel que vous a procuré à vous le sentiment de n’avoir jamais été abandonnée par votre pays d’adoption.
Vous n’êtes certes pas responsable de cette différence criante de traitement, par les autorités françaises, entre votre séquestration et celle vécue par notre compatriote. Néanmoins, lors de la remise par le prince Felipe du prix des Asturies pour la Concorde, l’été dernier à Oviedo, vous avez déclaré « recevoir ce prix au nom de [vos] compagnons séquestrés ».
Nous connaissons votre désintéressement, vous qui avez renoncé à une existence confortable pour tenter d’être élue à la présidence de la Colombie, avant de passer plus de six ans sous le joug des FARC.
Nous connaissons aussi votre combat incessant pour la justice et votre attachement profond à la France, si merveilleusement exprimé dans la lettre bouleversante que nous avons tous en mémoire.
Pour illustrer ce combat, pour témoigner encore davantage de cet attachement, vous vous honoreriez en acceptant de verser à la famille Beck le montant du prix des Asturies pour la Concorde, soit 50 000 euros.
Cette somme permettra à M. Beck et à son épouse, victimes comme vous de la barbarie de la guérilla colombienne, de quitter la caravane où ils vivent depuis plus d’un an, en pleine nature, pour acheter un studio et vivre avec leurs 1 200 euros de retraite.
En vous remerciant par avance pour cet acte de solidarité,
Le blog