Voici une analyse de notre ami Eduardo sur l’actualité colombienne. Ses déductions effraient. Un projet de loi constitutionnelle pour une « justice de transition », initié par des congressistes proches des terroristes, et soutenu par le président Juan Manuel Santos, vise à amnistier les tueurs des FARC et de l’ELN pour leur permettre de participer à la vie politique de la Colombie, impunément.
J’ai changé le titre en français, qu’il me pardonne!
Santos en el pantano de la justicia transicional
Por Eduardo Mackenzie
20 de septiembre de 2011
¿Quién puede creer todavía que el presidente Juan Manuel Santos impulsa una política de « combate » y « firmeza » frente las Farc y el Eln?
Aunque él no lo diga ni lo deje decir, la política de Santos es la de llevar discretamente el país a los esquemas nefastos y repudiados por todos de las concesiones unilaterales a las Farc y al Eln. Eso es más claro ahora que nunca. Pues eso es, precisamente, lo que el jefe de Estado colombiano acaba de anunciar entre líneas. Entre líneas, digo, pues lo que él le lanza a la opinión, con notable desprecio, es un mensaje subliminal diferente. El ha puesto de moda frases que hablan de seguridad y valentía, como la de que los militares « le están respirando en la nuca a Alfonso Cano », y como la de que « nos estamos metiendo a las madrigueras de las Farc ». ¿Las cortinas de humo funcionarán hasta cuándo?
La prueba de lo que afirmamos la acaba de dar el mismo presidente Santos. Ayer él convocó a los jefes de los cinco partidos políticos de la coalición de gobierno para notificarles que la reforma constitucional que pretende sacar adelante el senador Roy Barreras, de la Comisión de Paz del Congreso, tiene el apoyo de la Casa de Nariño.
En otras palabras: Santos quiere elevar a precepto constitucional una curiosa doctrina que impulsa no Barreras sino un conocido bloque ideológico latinoamericano que trabaja desde hace años para eximir de proceso y garantizar la impunidad a los terroristas y a otros « actores del conflicto armado » y para hundir, al mismo tiempo, en procesos amarrados, a las fuerzas armadas del continente y a los defensores del Estado de derecho. Todo eso como condición previa a la apertura de falaciosos « diálogos de paz » tendientes a buscar la legitimación de los violentos.
Nada de eso es secreto, ni imaginado por los disidentes. Roy Barreras lo dice sin ambages en la exposición de motivos que hace de su proyecto de reforma constitucional, presentado el 12 de septiembre de 2011. Oigámoslo: « En contextos de justicia transicional no es posible ni deseable investigar y juzgar todos y cada uno de los hechos que ocurrieron en un conflicto armado, ni sancionar a todas y cada una de las personas que participaron en éste. »
Otra perla: « Si nuestro modelo de justicia transicional se dedica a investigar cada delito de manera independiente, será imposible llegar a comprender la verdad del conflicto armado en el país. » Algo más: « Los instrumentos de justicia transicional no funcionan y no deben funcionar de la misma manera que la justicia ordinaria ».
La justicia transicional es, pues, eso: una pura desviación de la justicia ordinaria, un atajo « progresista » que conduce hacia la más grande injusticia: el perdón y olvido de los crímenes de quienes utilizaron las armas para cambiar al país. Ese invento es el responsable de que en Argentina los matones de Montoneros y del ERP quedaran en libertad y llegaran al gobierno, sobre todo desde la elección de los esposos Kirchner. Juzgar a los militares que cometieron crímenes durante la dictadura de Videla era y es legítimo. Lo inadmisible es que los terroristas de izquierda, que cometieron crímenes y atrocidades idénticas y masivas, sean dejados libres y convertidos en gente decente. Ese es uno de los logros de la « justicia transicional » en el continente. Un proceso igual quieren abrir en estos momentos en Brasil.
Y lo que grupos extremistas quieren hacer en Colombia: dejar sin procesos ni castigo a los jefes de las Farc-Eln y repetir, pero de manera aún más vasta y grave, lo que la subversión logró hacer con el M-19: dejarlos sin sanción y llevarlos a ocupar cargos públicos. Mientras que sus asesinatos, como el de José Raquel Mercado, con implicaciones estratégicas para la libertad sindical, y la matanza del Palacio de Justicia, fueron sepultados en el olvido. Y mientras que los militares que los derrotaron son acorralados con una guerra judicial que aún no termina.
Con la reforma que Roy Barreras trata de vendernos, ahora con el aval del presidente Santos, y bajo la promesa de la « terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable », Alfonso Cano podrá salir de sus cuevas y transformarse en candidato a la presidencia de la República y las Farc podrían alcanzar dentro de poco (pues la cosa va muy rápido) hasta la excarcelación de Herminsul Arellán Barajas, « explosivista » de la columna Teófilo Forero, capturado en el Meta en marzo de 2011, y condenado a 40 años de cárcel por el atentado contra el Club El Nogal, donde murieron 36 inocentes y otros 167 quedaron heridos.
En el modelo de Barreras ello es posible pues « el legislador, por iniciativa del gobierno nacional, podrá ordenar la renuncia a la persecución penal » de cualquier criminal como Cano, si éste lo exige como condición para « favorecer desmovilizaciones », e ir hacia una « solución política » del « conflicto armado interno ».
También el gobierno podrá evaporar la investigación y la sanción penal de los terroristas que dinamitaron en junio una escuelita del Cauca porque un hijo secuestrado de la rectora se les escapó, pues en el modelo de Barreras, unos misteriosos « mecanismos colectivos no judiciales » tendrán la capacidad de instruir y sancionar a los « ex combatientes ».
Si dejamos pasar esa reforma quedaría en libertad alias « el pájaro », quien, a punta de dinamita, desplazó más de 5 mil campesinos de Anorí, Antioquia, pues el sistema de la « justicia transicional » podrá « ordenar la cesación de la acción penal de conformidad con los criterios de priorización y selección ».
La reforma constitucional que tan rápidamente avanza, incluye concesiones tan precisas que uno puede suponer que éstas no caen del cielo sino que corresponden a exigencias particulares que algunos están transmitiendo a Santos a través de misteriosos emisarios. Veamos un ejemplo del boquete institucional que se prepara y que hará felices a algunos:
Como el artículo 122 de la Constitución prohíbe a quienes « hayan sido condenados en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten al patrimonio del Estado », ser « inscritos como candidatos a cargos de elección popular » y ser « designados como servidores públicos », y « celebrar personalmente o por interpuesta persona, contratos con el Estado », Roy Barreras pretende derrumbar ese muro mediante este mico: « Cuando por iniciativa exclusiva del gobierno nacional, así lo disponga el Legislador por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara, esta disposición no se aplicará a los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que se desmovilicen en el marco de un proceso de paz con el gobierno nacional. »
La llamada « justicia transicional », que tiene una oficina en el ministerio del Interior colombiano bajo la batuta de Miguel Samper Strouss, trabaja para eso pues se inscribe, con docilidad asombrosa, aunque las buenas almas lo nieguen siempre, dentro de una cruzada continental que impulsan los castristas y chavistas desde la Tierra del Fuego hasta el norte de México, para socavar la democracia representativa y el sistema capitalista.
La dinámica de todo eso es ya conocida, pues ya se hizo en Colombia: primero la excarcelación de criminales tenebrosos, después desmilitarización de amplias zonas del país y diálogos « de paz » y finalmente engaño, decepción y más violencia. A eso vamos. Con el gancho de que hay que adoptar esa curiosa « justicia » pues ésta será la única que podrá resolver « una serie de problemas que hoy tiene la aplicación de la ley de justicia y paz ». Si Santos quiere hacer eso, ese es su problema. Pero él no debería contar con nuestro silencio.
Comme toujours, excellent article d’ Eduardo Mackenzie, qui denonce le vrai danger de ce projet et la mauvaise direction empruntee par le gouvernement.
Il faut ajouter que le gouvernement Santos est critiqué quand il s’agit de s’opposer á la création d’un Etat palestinien au nom d’un pretendu alignement avec les Etats-Unis. Mais en revanche, quand il s’agit pour le meme Santos de choisir l’alignement avec le chavisme en envisageant l’amnistie des guerilleros, les critiques s’estompent. Seuls subsistent les avertissements d’Eduardo Mackenzie heureusement relayes par ce blog.